Celebramos hoy con toda solemnidad el 40 aniversario del día en que el Estado hizo fracasar el golpe del 23-F y, quien nos lo ... iba a decir después de aquello, a día de hoy «en España no hay una situación de plena normalidad democrática». Las comillas las puso el el vicepresidente segundo de nuestro Gobierno. O sea, nuestro Gobierno. Y por si no le creemos a él o no acabamos de aceptar que el vicepresidente segundo del Gobierno no representa al Gobierno cuando habla en público, llevamos una semana cenando con las imágenes que nos ofrecen las televisiones en directo de miles de terroristas callejeros prendiendo fuego en las calles y robando tiendas por el centro de la segunda ciudad más pobladas de España, sin que las fuerzas de seguridad de ese territorio autonómico se lo impidan ni el Gobierno central envíe fuerzas estatales para poner fin al pillaje.
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Sí. El presidente de nuestro Gobierno salió a declarar, tres días después de que empezara la violencia, que «en una democracia plena resulta inadmisible el uso de cualquier violencia». Una bella frase que sería apropiada si Pedro Sánchez hablara como tertuliano, no como presidente del Gobierno. Lo mismo que el ministro de Interior (tertuliano Fernando Maslaska en ese momento) cuando apoyó a la Policía ante las «actitudes injustificables» de una «minoría violenta». Dos ejemplos de cómo está fracasado la democracia (esperemos que temporalmente) si, a la vista de lo que está ocurriendo en Barcelona y en otras ciudades sobre todo en Cataluña, presidente y ministro no saben defender la seguridad de los ciudadanos, el derecho a la propiedad y otros derechos esenciales en un país libre. Y si saben pero no quieren actuar (que es seguramente lo que está pasando), pues peor.
Si nos vamos a Cataluña, la falta de plena democracia se hace patente hasta rozar en el ridículo. Al quinto día de disturbios, después de que los agitadores destrozaran y robaran docenas de tiendas de la milla de oro barcelonesa, la patronal de su empresariado, Fomento de Trabajo, emitió un duro comunicado exigiendo responsabilidades políticas a la Generalitat por no permitir que su policía autonómica se emplee a fondo para frenar a los violentos. Lo firmaban 32 asociaciones y entidades empresariales y comerciales catalanas.
Las responsabilidades políticas se dirimen en las urnas. ¿Cuántos de esos empresarios votaron solo una semana antes a los partidos separatistas que están alentando los disturbios y frenando el trabajo de los Mossos? Un día como este 23-F se presta a la reflexión sobre la importancia de vigilar para que nuestra democracia recupere la plena normalidad. Como hicimos ante aquel ataque de hace 40 años.
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