Estado de derecho y postsanchismo

El incumplimiento sistemático de principios constitucionales, ya sea por acción directa o por omisión deliberada, ha generado una sensación de inseguridad jurídica que recuerda épocas superadas. La usurpación de competencias, el uso instrumental de las leyes y la subordinación del interés general a cálculos de poder cortoplacistas han colocado al país en un marco institucional que se asemeja al siglo XIX: centralizado, personalista y con una separación de poderes meramente formal. En lo jurídico, se ha debilitado el principio de legalidad y la protección de derechos fundamentales frente a un Ejecutivo expansivo. En lo político, se ha instaurado una dinámica de mayorías coyunturales que actúan como si fueran soberanas, ignorando límites constitucionales y despreciando el respeto a la minoría parlamentaria, pero mayoría social. En lo administrativo, la lógica del mérito y la neutralidad se ven sustituidas por el clientelismo y la fidelidad al líder.

El resultado es un Estado que, bajo la apariencia de modernidad, opera con esquemas propios de una etapa preconstitucional o lo que es peor, como un estado de derecho otrora democrático que agoniza. Un país que, en vez de avanzar hacia una democracia más sólida, ha sido arrastrado a una regresión institucional que nos sitúa, de facto, en coordenadas propias de pasadas centurias y en el preámbulo de la muerte como sistema como explican Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra '¿Cómo mueren las democracias?'.

El horizonte que se vislumbra como Estado y como nación es oscuro amor de difuso. El postsanchismo exigirá algo más que un simple relevo político: requerirá una verdadera reconstrucción institucional. Para regenerar el Estado de derecho será imprescindible devolver a cada poder su autonomía real y restablecer el equilibrio entre ellos, roto por años de colonización y uso partidista, así como reforzar las barreras que mantienen el sistema dentro del funcionamiento adecuado que acabe con la tendencia al decisionismo arbitrario de cualquier führer venido al caso.

En primer lugar, habrá que emprender una despolitización profunda de los órganos de control y cesar en la injerencia en la justicia. La renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Tribunal Constitucional deberá realizarse bajo criterios de independencia y mérito, blindando sus nombramientos frente a cuotas partidistas. La Fiscalía necesitará recuperar su papel como garante de la legalidad, no como apéndice del Gobierno.

En segundo término, será necesario reforzar los contrapesos constitucionales. Reformar leyes orgánicas para garantizar que ningún Ejecutivo pueda eludir el control parlamentario ni apropiarse de competencias que no le corresponden será clave para evitar la repetición de los abusos, en los términos que Levitsky y Ziblatt lo expresan. La transparencia y la rendición de cuentas deben convertirse en ejes obligatorios de la acción política, más en un estado en el que los juicios de residencia ―instaurada por los Reyes Católicos― eran obligación y permitían evaluar lo hecho, corregir y exigir la responsabilidad de los residenciados.

Además, entiendo que se requerirá un pacto nacional para reconstruir la neutralidad de la administración pública. Los puestos directivos deberán desligarse del clientelismo político y basarse exclusivamente en la capacidad técnica y el servicio al interés general. Y esto es algo que debe predicarse no sólo para el postsanchismo sino también para todos los entes públicos, incluidas las comunidades autónomas, donde el abuso, el enchufismo o la falta de mérito es lo común.

El postsanchismo deberá ser una etapa de limpieza en la que deberán de contribuir nuestros políticos sin excepción ―también la ciudadanía en su máxima extensión predicable―, de restablecimiento de normas básicas de convivencia institucional y de reeducación democrática. Solo así España podrá dejar atrás la lógica de poder personalista y de la inescindibilidad que conduce al privilegio, si queremos reconstruir un Estado de derecho fuerte, moderno y respetuoso con los principios constitucionales que lo sustentan, en los que habrá que profundizar y rescatar.

En mi opinión, que siempre expreso con respeto y responsabilidad, Pedro Sánchez no quedará como un estadista, sino como un episodio que la historia terminará arrastrando. Su paso por el poder, marcado por la erosión institucional y la polarización extrema, no dejará una huella constructiva, sino una advertencia. Los gobiernos que desgastan los cimientos del Estado de derecho acaban siendo superados por la propia fuerza de la nación que intentaron moldear a su medida. España, con sus tensiones y contradicciones, siempre termina corrigiendo el exceso. Por eso, creo que el legado de Sánchez no será perdurable, sino barrido como una etapa que nadie querrá repetir.