Atrapados en el tiempo

¿No será que vivimos atrapados en el tiempo, como en la película interpretada por Bill Murray y Andie Mcdowell? En ella un meteorólogo entra en un bucle, en el que se repite, día tras día, su primera jornada en Punxsutawney. No sabría decirles con exactitud cuándo iniciamos el 'Día de la marmota' (el título original de dicha película), pero así es como vivimos una parte sustancial de nuestra existencia política, casi desde el principio del Estado de las Autonomías. En la primavera de 1981, ya estábamos metidos en nuestro particular bucle, del que no hemos logrado salir. Veamos el porqué. En aquel momento, el Gobierno de la UCD consideró urgente y prioritaria la aprobación de la 'Loapilla' —una ley armonizadora así llamada en círculos políticos y periodísticos— con el fin de asegurar el uso y enseñanza del castellano en todo el territorio nacional, y con el de regular la «manifestación expresa de acatamiento del ordenamiento constitucional por parte de todas las autoridades», entre otras cuestiones. Y aquí seguimos, hechizados, sin captar el mensaje que traslada el guion de aquella comedia, reviviendo una y otra vez los mismos problemas, como si fuese imposible superarlos.

La sentencia de 16 de diciembre de 2020, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), estimó parcialmente el recurso formulado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la inactividad de la Generalitat de Cataluña, aduciendo que «había omitido cualquier desarrollo normativo que, en aplicación de los artículos 3.1, 14 y 27.1 de la Constitución y la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica de Educación, fijase el uso del castellano en proporción razonable para su impartición ordinaria en las aulas y no mediante atención individualizada, con infracción de su obligación legal de garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular normal, sin determinar en qué horarios y materias se utilizará dicha lengua».

Diversos cargos políticos dieron a entender que no acatarían dicha sentencia y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, publicó un tuit diciendo que la escuela catalana no se toca y el catalán tampoco. ¡Ea! En España se ha puesto de moda desafiar a la Justicia e incumplir las leyes que no gustan. Es patético, porque esas conductas ponen en jaque la convivencia, y lo peor es que esa costumbre se ha contagiado incluso a gobernantes autonómicos que presumen de constitucionalistas. Unos y otros padecen delirios de grandeza; se creen primos hermanos de Carlomagno, pero obrando así demuestran ser pésimos gobernantes, faltos de buen juicio y prudencia, duros de mollera e ignorantes de las reglas más elementales del Estado de Derecho.

Al constatar que la Generalitat no había ejecutado voluntariamente la sentencia, el TSJC concedió a la Consejería de Educación un plazo de quince días para asegurar que «en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso»; utilización vehicular que debía incluir «al menos la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo». Un día antes de que venciera el plazo, el Gobierno catalán dictó el Decreto Ley 6/2022, de 30 de mayo, en el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. En dicha disposición desaparece la obligación de fijar una proporción razonable en el uso vehicular de las lenguas oficiales. Es más, como dice el TSJC, el Decreto Ley incluye una referencia expresa a la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas. Y pocos días después, el 9 de junio, se promulgó la ley 8/2022, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que también elimina cualquier referencia a porcentajes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, porque considera que ambas disposiciones son abiertamente contrarias a la Constitución y al artículo 35 del Estatuto de Autonomía, y además lesionan la tutela judicial efectiva, porque «la voluntad del Gobierno y del Parlamento de Cataluña es inequívoca en cuanto a que la finalidad de ambas normas es bloquear la aplicación de la sentencia dictada en estas actuaciones y, con ella, la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables». También consta un recurso de inconstitucionalidad (número 5630-2022), promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Vox ha formulado otro recurso de inconstitucionalidad, que se halla pendiente de admisión a trámite.

A estas alturas estamos peor que hace cuatro décadas, y la responsabilidad es, en buena medida, del Estado, al que «corresponde velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado» (STC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 10). La preocupación del Gobierno de la UCD estaba justificada, pero la solución no exigía ninguna norma de armonización. La 'Lopailla' nunca vio la luz, ni falta que hacía. Rodolfo Martín Villa, a la sazón ministro de Administración Territorial, la defendió en el Congreso por la perentoria necesidad de garantizar el uso y enseñanza del idioma castellano en todo el territorio nacional, pero Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución, rebatió esa justificación del siguiente modo: «Aquí pueden ocurrir dos cosas: que las comunidades cumplan bien (no hay problema), o que las comunidades no cumplan o cumplan mal, y lo que hay que hacer entonces es aplicar el artículo 155 de la Constitución». Por si alguien no lo había escuchado se lo dijo tres veces. Pero los sucesivos gobiernos de la Nación se dedicaron a templar gaitas, sabiendo que para los nacionalistas la cuestión de la lengua representaba la madre de todas las batallas.

Volvamos ahora al penúltimo 'Día de la Marmota'. El Gobierno de la Nación ve las escenas que se suceden; el TSJC señala que la prueba practicada pone de manifiesto una situación en la que el castellano resulta casi residual en el conjunto del sistema educativo catalán. En lo sustancial, el TSJC denuncia ante el Tribunal Constitucional (TC) que las disposiciones en cuestión relegan al castellano a la condición de lengua meramente curricular (no vehicular) y a una posición subalterna, en contra de la jurisprudencia constitucional. El Gobierno permanece como espectador y no impugna las referidas normas ante el TC, a pesar de que su recurso es el único que podría suspender su vigencia y aplicación.

Estamos atrapados en el tiempo, seguimos sin salir del bucle en el que entramos en los inicios de nuestra ya no tan joven democracia y el Gobierno de la Nación no puede hacer mutis por el foro. Hagan lo que proceda para que el bucle no sea infinito. Eviten el expolio del tesoro que representa la riqueza plurilingüe de España, un patrimonio cultural digno de especial respeto y protección, como señala el artículo 3 de la Constitución.