El Parque de las Ciencias: un bien público colectivo

Acoger, fomentar y promover el conocimiento y la innovación científica, favoreciendo el acercamiento entre el progreso científico y tecnológico y los requerimientos de una vida humana digna, era la idea-fuerza que alimentaba el interés público colectivo de aquel proyecto y la participación en el mismo de los poderes públicos. Al día de la fecha, nada ni nadie ha alterado ese principio básico: el Parque de las Ciencias de Granada constituye un bien de titularidad pública a proteger y, en su caso, defender. Una vida social sana y vigorosa exige, junto al ineludible respeto a los derechos individuales, el reconocimiento de una frontera clara y precisa entre el interés público y los intereses particulares. Quiere decirse que cualquier intento de privatización, personalización o patrimonialización de un «bien público colectivo» ha de ser cautelosamente observado y evitado a toda costa.

Hay una vieja anécdota, atribuida a Joaquín Costa, en la que el reformista español contradice ruda y rotundamente a un funcionario que dice servir al Estado, replicándole: «Pues a mí me parece que es el Estado quien le sirve a usted». Más allá de lo anecdótico, la cuestión está en que los españoles no hemos logrado erradicar de nuestra vida pública una perversa concepción patrimonial/privatista de la administración y gestión de los bienes e intereses públicos colectivos. Quizá sea una de las perniciosas secuelas de una prolongada dictadura, pero frecuentemente nos sentimos atraídos por cualquier forma de personificación del poder y, contraviniendo el más elemental de los principios democráticos, tendemos a subordinar al mismo las instituciones, el interés público e incluso las leyes generales.

Sin embargo, la tendencia a personificar el poder, la gestión o la representación política puede resultar especialmente nociva cuando el tejido institucional en el que opera es frágil, la articulación social de intereses es débil y el liderazgo político brilla por su ausencia. Es probable que en ello radique el origen estructural de algunos de nuestros problemas sociales, generalmente asociados a una errática política territorial andaluza, incapaz de corregir viejos y graves desequilibrios internos de la Comunidad y a la ausencia de una representación política eficazmente comprometida con las necesidades e intereses locales.

Volviendo a la reconocida «historia de éxito» del Parque de las Ciencias, es obligado y justo reconocer el buen hacer de administradores y gestores que, más allá de sus estrictas obligaciones laborales y contractuales, desempeñadas a título oneroso o gratuito, han desplegado valiosas tareas de impulso, fortalecimiento, asistencia y representación institucional. Toda contribución al fortalecimiento y la buena salud de los bienes públicos debe ser fomentada, bienvenida y reconocida. No obstante, en Granada, la mirada pública no puede ser desviada y oscurecida, ocultando la evidencia de una llamativa y prolongada parálisis del espíritu expansivo y emprendedor que alumbró algunas de aquellas historias locales de éxito, piezas insustituibles del entramado social, cultural y económico de Granada. Resulta, en efecto, más que llamativo el hecho de que, con el paso del tiempo, no pocos de esos proyectos hayan entrado en franca decadencia y, de manera recurrente, se encuentren amenazados por recortes presupuestarios, apetitos políticos desordenados, competencias desleales, agravios comparativos y minusvalías capaces de acelerar su propio fracaso. Casi siempre –¡este es el verdadero peligro!– en medio de un clima de indiferencia pública, pasividad política y resignación social. Este puede ser el caso, entre otros, del Parque de las Ciencias cuya situación, de no encararse con rigor y a fondo, acabará por contagiar gravemente nuestra carta de servicios públicos.

Desconozco las normas reguladoras de la designación, nombramiento, cese y sustitución de asesores en el Parque de las Ciencias de Granada, cuya observancia resulta, en todo caso, inexcusable. Toda actuación administrativa ha de ser rigurosamente fiscalizada y ninguna actuación irregular debe ser admitida. Pero, vista la polémica pública suscitada y con el mayor respeto personal a quienes se encuentran involucrados en ella, ¿alguien piensa, seriamente, que estamos ante un grave problema de asesoramiento técnico personal, una decisión de alto riesgo para el interés público o un acto de la violación de supuestos derechos históricos fundacionales? ¿Alguien piensa en serio corregir, mediante el restablecimiento de valiosos y meritorios asesoramientos personales, la creciente indigencia presupuestaria y la consiguiente parálisis innovadora del proyecto?

Estos días, mientras se hacían públicos importantes acuerdos entre administraciones para fortalecer Málaga como gran capital tecnológica del Sur de Europa y centro de atracción de empresas tecnológicas, acelerando la puesta en marcha de IMEC en Málaga y comprometiendo inversiones por valor de varios cientos de millones de euros, en Granada se recogían afanosamente firmas ciudadanas –¡electores en supuesta comunión con el supuestamente denodado y continuado esfuerzo de sus representantes políticos!– para reclamar una mejor conexión ferroviaria directa con Madrid y se convertía en clamor social la exigencia de restitución en sus puestos de los otrora fundadores-gestores-asesores honorarios del Parque de las Ciencias. Dos modelos, dos métodos, dos actitudes sociales y dos realidades políticas.

Esa es la cuestión que, a mi modesto modo de ver, merece ser debatida. Granada, marcada y dominada por un pasado histórico tormentoso, nunca ha logrado hacer valer su indiscutible centralidad y protagonismo en la Alta Andalucía, ha sufrido y sufre en exceso el desprecio reiterado y sistemático a su centralidad regional y no ha visto nunca reconocida su funcionalidad territorial y su valiosa equidistancia con las grandes ciudades andaluzas. Y, lo que es peor, Granada ha evidenciado históricamente una notable fragilidad en su vida pública. Granada, si alguna vez la tuvo, ha perdido definitivamente su voz en Andalucía. Granada no puede distraerse en cuestiones anecdóticas y de menor cuantía, cuyo ruido suele encubrir el menosprecio o la agresión a sus verdaderos intereses.

Granada necesita con urgencia colocar en la agenda política española y andaluza sus verdaderos intereses públicos colectivos. Granada necesita más cohesión social, mayor compromiso público y más concertación política. Si no encaramos con seriedad y urgencia estos objetivos y persistimos en el victimismo plañidero, la estéril gesticulación simbólica, la atomización de intereses y el personalismo particularista, nuestra creciente irrelevancia política y nuestros viejos problemas seguirán agravándose y empobreciendo peligrosamente nuestra vida colectiva.