Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares

En un informe de más de 300 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de que dirige María Jesús Montero, afirma haber detectado, entre otras muchas incidencias, que esas cartas fueron tenidas en cuenta en la baremación cuando no se debía, que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía o que hubo borrado de metadatos.

La IGAE, organismo que vela por la integridad de la contratación pública, ha analizado dos adjudicaciones en las que resultó beneficiada una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en la causa que instruye el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. Este informe fue encargado por la Fiscalía Europea, que tiene abiertas diligencias propias ya que esas adjudicaciones incluyeron fondos comunitario, competencia del órgano supranacional. Begoña Gómez no está siendo investigada en este procedimiento.

La Fiscalía Europea asumió el caso después de que Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, le informara de que la mercantil Innova Next SLU, de forma individual o conformando UTE con terceras empresas, era «la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés». «Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado», detalló la Guardia Civil en un informe aportado al juez Peinado. El órgano europeo se quedó solamente los dos contratos que fueron pagados con fondos Next Generation y que son sobre los que ha informado ahora la IGAE y que ha remitido sus conclusiones a Peinado.

Hacienda, en su vasto informe se muestra tajante y afirma que Barrabés fue favorecido por esas cartas cuando no debió ser así. «Las cartas de apoyo no solo han sido valoradas positivamente en la valoración de la oferta de las UTES Innova Next y The Valley Digital Bussiness School (en las que participaban las empresas de Barrabés), sino que, de la redacción de los informes de valoración, se deduce claramente que no ofrecer dichos acuerdos o cartas de apoyo (la terminología no siempre es la misma) se considera algo negativo que el valorador ha considerado conveniente resaltar en las valoraciones de las ofertas que no las han incluido», apunta la IGAE.

Para la Intervención, el hecho de tener en cuenta esa cartas de apoyo que no aparecían como requisito en las convocatorias es algo especialmente grave. «Valorar elementos que no figuran en los pliegos es arbitrario y excede la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad que adultera la valoración técnica», zanja la IGAE.

Al margen de las controvertidas cartas, los técnicos de Hacienda llegan a hablar de posible fraude de ley porque la puntuación subjetiva, en la que se dejó manga ancha para dar los contratos de Red.es, fue mayor de la que se había anunciado, no respetando la fórmula matemática que se había publicado. El precio, al final, tuvo menos peso en el baremo de lo que se había anunciado en las bases. Esta ponderación original –explica el informe- habría alejado a Barrabés de la selección.

En cualquier caso, hay más irregularidades. También se «eludió que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizada por un comité de expertos». Comité «en el que no podría haber participado el director proponente del contrato», como ocurrió. No evaluó un «organismo técnico especializado, lo que da mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas, más teniendo en cuenta que el informe de valoración lo ha firmado una sola persona y el comportamiento pasivo con que ha actuado la mesa de contratación», denuncia Hacienda.

Pero no solo. En esos concursos, y no solo en los que ganó Barrabés, también tomaron decisiones órganos que no correspondían. «Incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración. La Mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado», zanja Hacienda.

Además, los técnicos aseguran tener indicios de Red.es habría modificado recientemente la documentación referida a esos concursos, según revelan los metadatos, aunque parece que esas manipulaciones no habrían afectado al contenidos de los mismos, según el análisis hecho por la Guardia Civil a petición de la IGAE.

Afirma Hacienda que en el «desarrollo de los trabajos periciales se detectó que determinados documentos remitidos a la Fiscalía Europea fueron aparentemente modificados en fechas recientes a su entrega». Esta circunstancia fue comunicada a la Fiscalía Europea, «quien encargó a la Unidad de Ciberdelincuencia de la UCO de la Guardia Civil que realizara actuaciones de verificación». La Guardia Civil concluyó, no obstante, «que si bien los documentos recibidos no son técnicamente los mismos que fueron elaborados por la UTE Innova Next SLU y The Valley Digital Business School SL adjudicataria (ofertas) y por Red.es (informes de valoración) no se dispone de evidencia de que se hayan producido modificaciones que hayan afectado a su contenido».