La Fiscalía reajusta su alegato a favor de Begoña Gómez: sí que hubo 'mails' pero no «perjuicio»

El mismo fiscal que en mayo clamaba por el archivo de la causa por la supuesta utilización de Álvarez para gestionar la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) porque no había pruebas de que la todavía hoy directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno hiciese nada más allá de algún favor «puntual» en la gestión académica a su amiga y jefa, ahora, en su último alegato ante el juez Juan Carlos Peinado, ya no se atreve a repetir aquello de que solo fueron «colaboraciones concretas».

El reacomodo está recogido en las cuatro páginas que este pasado sábado -el día en que Gómez no se presentó a la llamada de Peinado- el fiscal José Manuel San Baldomero entregó al magistrado; el instructor al que el acusador público atribuyó en primavera «escasez argumental» al tiempo que pedía el sobreseimiento de la causa por malversación contra Gómez, Álvarez y el delegado de Gobierno en Madrid, Fran Martín. Esos cuatro folios son una enmienda a su anterior argumentario.

 San Baldomero, tras leer los 121 'mails', no llega tan lejos como para reconocer en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que Álvarez gestionara el día a día de cátedra de TSC de Gómez. Pero sí tuvo, no obstante, que plegar velas ante el juez y admitir lo que antes negaba tajantemente: que «entre los años 2021 y 2024, Álvarez ha enviado y recibido electrónicos en nombre de Begoña Gómez en el marco de la actividad que ésta desarrollaba hasta julio de 2024 en la cátedra». Aunque con el subrayado de que la mujer de Sánchez «no recibía remuneración alguna» por codirigir ese grado.

Lejos quedaba el escrito en el que este mismo fiscal de la sección de Delitos Económicos aseguraba tajante el 8 de mayo que «no estamos ante un supuesto de (…) desvío de actividad de trabajadores o funcionarios dirigido a un beneficio particular». El sábado, San Baldomero tampoco reiteró los argumentos de cuatro meses atrás en los que recordaba que el nombramiento de Álvarez era «legítimo, legal y usual a lo largo de los años de democracia en España», ya que todas las esposas de los presidentes han contado con un asistente (a veces, incluso, dos), «justificado» todo ello «por actuaciones de agenda, coordinación con la seguridad, y asistencia en general».

La Fiscalía remarcó entonces que el «ni el nombramiento (de la asistente de Moncloa) se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Gómez ni la actuación de Álvarez se ha centrado en ello, más allá de colaboraciones concretas y puntuales».

La modulación de los últimos días del Ministerio Público pasa por no seguir adentrándose demasiado en las procelosas aguas de insistir en el argumento de que las gestiones solo fueron «favores» muy esporádicos y defender en este momento procesal que, en cualquier caso, las horas de trabajo que Álvarez pudo detraer de su jornada laboral en Moncloa no supusieron un daño al «patrimonio público».

«Álvarez continúa en el mismo puesto de trabajo eventual en la actualidad, despeñándolo ininterrumpidamente desde su designación, habiendo cumplido las funciones que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual», afirma en su último escrito San Baldomero. En ese mismo alegato, el fiscal abunda, pese a ver leído ya los nuevos 'mails' revisados por la UCO, que «no ha existido» en esa «actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente desempeñar ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos».

«No ha existido en la actuación que abordamos un detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público por el hecho de enviar los correos electrónicos a terceros en nombre o por cuenta de Begoña Gómez», concluye ahora la Fiscalía en su nueva línea de defensa de la mujer del presidente del Gobierno.