La Fiscalía Europea pregunta al juez del 'caso Cerdán' qué contratos son de su competencia

El suplicatorio remitido es una solicitud inicial de información a la espera de conocer si la Fiscalía Europea tiene que reclamar el «derecho de avocación» para exigir parte o toda la instrucción del procedimiento. Si lo hiciera, el magistrado Puente debería abstenerse de seguir instruyendo o, en caso contrario, plantear un conflicto de competencia ante la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal.

En el fondo de esta petición subyace una nueva guerra soterrada por la competencia entre fiscalías, ya que Anticorrupción tiene claro que la existencia de dichos fondos comunitarios no es motivo suficiente para que el organismo independiente de la Fiscalía española reclame la investigación. Desde el departamento encabezado por Alejandro Luzón esperarán igualmente a que el asunto se estudie, pero consideran que la instrucción no se la puede llevar la Fiscalía Europea porque en esta causa no se investiga ningún delito de malversación de caudales públicos, sino de cohecho.

La Fiscalía Europea, organismo creado en 2021, tiene su sede en Luxemburgo y delegados en cada uno de los países con representación, que en el caso de España es Ignacio De Lucas. Tiene la función de investigar, instruir y enjuiciar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea. Para ello, cada vez que asume una investigación lo hace de principio a fin como si se tratase de un juez instructor y sólo lo entrega a los juzgados nacionales competentes para juzgar cuando concluye, presentando un escrito de acusación o solicitando el archivo.

Hasta ahora, Anticorrupción se ha ocupado de impulsar las pesquisas en trabajo conjunto con un equipo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para revisar las adjudicaciones de obra a las que apuntó el comisionista Víctor de Aldama, presunto «conseguidor» de la red, y cruzarlas con la información extraída de las grabaciones requisadas a Koldo García sobre el presunto reparto de mordidas entre los investigados.

Entre los contratos bajo sospecha al menos tres fueron financiados con fondos de la UE. Se trataría de uno licitado por ADIF y adjudicado en enero de 2019 a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de Ferrovial y Acciona por 146,6 millones de euros, impuestos incluidos. Consistió en las obras de construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería, en concreto el tramo Pulpí-Vera.

El segundo, de mayo de 2019 y adjudicado a la misma UTE, asciende a 192,1 millones de euros. Se trata de las obras de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia, la línea de alta velocidad que une Madrid con Levante. Y el tercero, que sumó 62,6 millones de euros para Acciona, fueron las obras para la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y se adjudicó en noviembre del mismo año.