Ayuso mantiene su desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

La decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso constituye un nuevo reto al Gobierno central. Hace un mes, el 14 de octubre, la ministra de Sanidad, Mónica García, envió un requerimiento a las tres comunidades autónomas que no habían entregado sus listas de médicos que se niegan a realizar abortos en los hospitales públicos, Madrid, Aragón y Baleares, para que en el plazo de un mes tuvieran listo el documento o en su caso, alegaran los motivos por los que aún no habían podido crearlo.

Si no lo hacían en ese plazo, García amenazó, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con plantear un recurso en los siguientes dos meses para que un juez «les obligue a cumplir la ley».

La ley del aborto del 2023 regula la objeción de conciencia «como un derecho individual de cada profesional sanitario, que debe manifestarse con antelación y por escrito». Este texto exige que se cree «un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario».

Tras el requerimiento del Ministerio de Sanidad, Aragón y Baleares comenzaron casi inmediatamente a dar pasos en la creación de sus registros de objetores. El Gobierno de Aragón aprobó una orden para iniciar la elaboración del proyecto informativo para crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia y la consejera de Salud balear, Manuela García, anunció que prepara un decreto en el mismo sentido. Madrid, sin embargo, mantiene su desafío y se encomienda a la decisión judicial.