La Audiencia de Madrid avala pedir el registro de llamadas de la asesora de Begoña Gómez

En su resolución, el tribunal de la Sección número 23 encargado de supervisar la instrucción de Peinado, a quien ha respaldado hasta la fecha en líneas generales, estima de forma parcial un recurso que presentó la defensa de Cristina Álvarez, al que se adhirieron Gómez y la Fiscalía, contra la decisión inicial del instructor de reclamar dichos registros de llamadas de forma extensiva. Y es que el pasado julio éste solicitó a la operadora todas la conversaciones entrantes y saliente entre la fecha del nombramiento de la asistente, julio de 2018, y la actualidad. Es decir, siete años de intercambio telefónica con personal de la Complutense o del Grupo Barrabés.

La defensa insistía en que la medida acordada por el instructor carecía de motivación y que se había utilizado de forma «ilícita» el contenido de lo que declaró Álvarez como testigo antes de que acordara su imputación en la causa. En este sentido, subrayó que no se daban los requisitos para reclamar dichos registros porque respondían a un momento en que Álvarez era «testigo y no investigada al dictarse la resolución».

La Audiencia de Madrid, en un auto escrito por el magistrado Enrique Jesús Bergés, contesta ahora que los registros solicitados por Peinado deberán «limitarse» al objeto de la investigación por delitos de tráfico de influencia y malversación de caudales públicos, entre otros, «con exclusión de lo relativo a Globalia, Air Europa y África Center, por las razones que ya hemos expuesto en otras muchas resoluciones». Cabe recordar que el tribunal ya advirtió al instructor de que debía dejar fuera de la causa que dirige contra Begoña Gómez las pesquisas relativas al rescate de la mencionada aerolínea.

En el auto que ha trascendido este viernes, los magistrados mantienen la condición de investigada de Álvarez e insisten en que el juez instructor puede acordar las medidas que estime pertinentes para la investigación bajo los principios de especialidad, proporcionalidad, idoneidad, excepcionalidad y necesidad.

En este punto, recuerdan que el número de teléfono sobre el que se concede la medida «se obtuvo en la declaración testifical de Cristina Álvarez» que ya invalidó la propia Audiencia Provincial. Sin embargo, precisan que al tratarse de un número oficial del Palacio de la Moncloa el juez podía haberlo obtenido por otro medio para reclamar el mencionado registro de llamadas. Además, los magistrados consideran que «la solicitud de identificación de la titularidad de líneas telefónicas contactadas por un dispositivo telefónico es una diligencia de investigación que afecta de forma mínima la intimidad de la persona concernida», ya que no se adentra en las conversaciones.