Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»

Según el certificado, entre el 27 de febrero de 2024 y el pasado 4 de noviembre Ábalos solicitó esos 168 paquetes de folios DIN A4. Estos suelen ser de 500 folios pero el documento no lo especifica. «Cuando hablo de folios, es que son folios y no dinero ilícito, como me ha atribuido estrafalariamente la UCO», insiste el parlamentario que, como Koldo García y el también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está siendo investigado por su participación en una supuesta trama que habría cobrado comisiones ilegales por la compra de material sanitario y a cambio de la adjudicación de obra pública.

El exministro considera «muy lamentable» haber tenido que solicitar al Congreso un certificado del material de oficina que se le ha suministrado en los últimos 21 meses con el objetivo, dice, de «demostrar que es posible seguir la trazabilidad de este suministro». De la misma manera, añade, la UCO «podía haber oficiado» al juez que instruye su causa en el Supremo, Leopoldo Puente, «para recabar lo propio al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible antes de presentar este hecho como una evidencia».

La propia defensa de Ábalos pidió al juez Puente que librase oficio a Transportes para que certificase los folios que le fueron suministrados para el uso de la impresora de su despacho durante su etapa como ministro, entre los años 2018 a 2021, y así «acreditar que la expresión 'folios' no responde a un lenguaje en clave con significado monetario».

Pero, según él mismo relata, esa diligencia fue rechazada junto con otras que pidió por entender el magistrado que eran «inútiles y perjudiciales». «Lo cierto es que esta negativa resta las posibilidades de mostrar un significado alternativo al término 'folios' y poder contraponerlo al informe de la Guardia Civil», se queja el exministro.

A su juicio, lo que consigue la UCO con el informe sobre su patrimonio es que «la opinión pública asuma como verdad absoluta la imputación de esta conjetura» y la «estigmatización» de su persona que, «con la presunción de inocencia invertida» se ve «obligado a defenderse de las sospechas que han fabricado artificialmente».

«El rigor de un proceso se basa en el principio de contradicción y en la presunción de inocencia, y la balanza queda desequilibrada cuando se cede el control a la policía judicial y se acepta sin más un informe basado en elucubraciones y conjeturas», denuncia Ábalos.

De esta manera, sostiene que «la instrucción queda escorada en un sentido, se desoye lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pues le obligan a »buscar la deconstrucción« de pruebas »erróneas o malintencionada«. »Si se quiebran las garantías del proceso, nos enfrentamos a una prueba diabólica' porque es difícil defenderse de lo que no ha ocurrido«, apunta.

En otro mensaje en la red social X (antes Twitter), Ábalos insiste en que nunca ha usado su cargo de secretario de Organización del PSOE «para actuaciones ilícitas y mucho menos para blanquear dinero» y añade que si alguien cree lo contrario lo responsable es que aporte «toda la documentación de cuantos gastos y pagos se han hecho a todos y cada uno de los miembros de la dirección del partido desde 2017 a 2025, sin excepción» y los de todos sus mis antecesores «en los últimos 20 años».