Los 157.000 millones que tienen escondidos los españoles

El prestigioso economista francés Gabriel Zucman, profesor de la Universidad de Berkeley (California, EEUU) y referencia en la materia, calculaba en su libro La riqueza oculta de las naciones que la cantidad de dinero escondido en paraísos fiscales en todo el mundo representa el 8% de la riqueza global y asciende a 5,3 billones de euros, de ellos 157.000 millones desde España. A Zucman le interesa sobre todo subrayar la pérdida de ingresos fiscales que implica esta práctica: 10.000 millones cada año en España.

¿Qué es un paraíso fiscal? Aunque no existe una definición jurídica sobre estos edenes del dinero negro, sí hay dos características básicas: la baja o nula tributación y la posibilidad de hacer negocios sin utilizar la propia identidad. Cada país tiene su propia lista, que no necesariamente coincide con la de sus vecinos, y así se da la paradoja de que España no otorga esa consideración a Panamá o a Andorra, pero la Unión Europea, sí.

La relación española incluye actualmente a 33 territorios, tras excluir a otros 15 en los últimos años, en muchos casos después de suscribir con ellos acuerdos de doble imposición e intercambio de información. Además de los europeos Mónaco, Liechtenstein y San Marino, un puñado de islas del Caribe y el Pacífico, los asiáticos Brunei y Macao, varias monarquías árabes y el consabido Gibraltar.

El vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales, Carlos García-Berro, recuerda que la creación de sociedades offshore (extraterritoriales) se generalizó en Europa a partir de 2005, cuando Suiza comenzó a aplicar la directiva europea que obligaba a los bancos helvéticos a identificar a los titulares de cuentas de países de la UE. Y sigue habiendo lugares de la Unión donde se ofrecen grandes facilidades a los no residentes para crear empresas ficticias, como Malta, Chipre y Holanda, este último con el llamado sandwich holandés, que permite trasladar los rendimientos del capital a otra empresa opaca en las Antillas. Sin ir más lejos, ahí está Andorra: el Principado no está en la lista negra española, pero eso no ha impedido al clan Pujol blanquear allí 47 millones de euros.

Carrito de la compra

Para Tax Justice Network, una organización internacional dedicada a la investigación financiera, Panamá tiene una de las legislaciones más favorables a la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales del mundo. Basta una somera búsqueda en internet para encontrar media docena de firmas de servicios jurídicos en las que un extranjero puede, simplemente haciendo clic en el carrito de la compra, crear una sociedad anónima o una fundación o abrir una cuenta bancaria opaca para ocultar el dinero a los inspectores de su país de origen. Estas páginas no se cortan en publicitar las ventajas que ofrece el país centroamericano, que califican abiertamente como «100% paraíso fiscal»: no hay impuestos; ofrece «la más flexible y favorable ley de sociedades en el mundo»; tiene las normas «más sólidas de confidencialidad bancaria y de libros corporativos»; y es uno de los gobiernos más estables de la región.

Al fiscal no le ha sorprendido la publicación de los papeles de Panamá. «Ese despacho sale en muchas investigaciones», recuerda, en alusión a la aparición del bufete en los sumarios Gürtel y Noos.

Al presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), José Luis Groba, en cambio, sí le han impresionado las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación: nadie sospechaba que el país centroamericano fuera un refugio fiscal de tal magnitud. Y se congratula por ello: «Todo lo que sea generar inquietud en defraudadores y delincuentes es positivo».

Pero advierte que España no podrá llegar hasta el fondo del asunto si el Gobierno panameño no colabora. Y el hecho de que los documentos sean fruto de un espionaje podría entorpecer la investigación, como ocurrió con la lista Falciani, en la que se divulgaron los nombres de 130.000 presuntos evasores del banco suizo HSBC. «Sin filtración no habría investigación matiza el fiscal. Y al final hemos incorporado la lista a varios procedimientos».

Escepticismo profesional

¿Por qué España sacó a Panamá de su lista negra en 2011? El secretario del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, y el presidente de los inspectores lo tienen claro: el Gobierno lo hizo como contrapartida por el contrato de las obras de ampliación del Canal de Panamá, adjudicadas en julio de 2009 a un consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso. Ambos temen que, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, el Ejecutivo panameño empiece a poner excusas para no colaborar. En ese caso, coinciden, España debería denunciar su acuerdo de intercambio de información y devolver al país su consideración de refugio fiscal.

A pesar de los reiterados anuncios del ministro Cristóbal Montoro de que España lucha contra la evasión y el blanqueo de capitales, hay mucho escepticismo entre los profesionales implicados.

El sindicato de técnicos de Hacienda ha pedido al Ministerio que, en vez de abrir investigaciones patrimoniales que dan tiempo a los investigados a regularizar la situación para no ser sancionados inicie inspecciones tributarias.

Pero lo que de verdad mosquea a este sindicato es la escasez y la organización de las plantillas. Mollinedo resalta que España tiene la mitad de funcionarios de Hacienda que la media de la Unión Europea, en proporción a la población: 27.000 en total, de ellos 1.500 inspectores y 6.500 técnicos. Y estos últimos solo pueden investigar a pymes, a pesar de que las pesquisas sobre grandes empresas defraudadoras son, obviamente, mucho más rentables. «¿Cuántas investigaciones a autónomos por 20.000 euros hay que hacer para reunir los 450 millones de euros de sanción a una gran empresa como Cemex?», se pregunta, en relación al procedimiento contra la cementera mexicana que en 2013 supuso numerosos ceses en la dirección de la Agencia Tributaria. A su juicio, el problema es que falta voluntad política para luchar contra el fraude.

En este punto coincide García-Berro: los fiscales especializados en delitos económicos son pocos y los plazos concedidos paralas instrucciones seis meses prorrogables en caso de especial complejidad, «ilusorios» para procedimientos complicados y con ramificaciones en el extranjero.

«Voluntad política empieza a haber ahora asegura el representante de los inspectores. Se podría hacer algo más, por ejemplo, agravar las penas y eliminar la excusa absolutoria, que permite al posible imputado regularizar su situación antes de que se le notifique formalmente por vía judicial». En todo caso, cree que el único modo de acabar con estos refugios es alcanzar un gran acuerdo mundial para expulsar de los organismos internacionales y aplicar medidas coercitivas a los países que no firmen acuerdos de intercambio automático de información.

Juan Hernández Vigueras, autor de varios libros sobre economía, el último de ellos Los fondos buitre. Capitalismo depredador (ed. Clave Económica, 2015), va más allá: a su juicio, los paraísos fiscales forman parte del sistema financiero global y cuentan con su beneplácito. En otras palabras, convienen a los ricos. Y ni la indignación de la sociedad civil ni las declaraciones grandilocuentes de los gobiernos van a acabar con ellos. Y lo lamenta: «Hay una relación estrecha entre este fraude sistémico y el endeudamiento de los países».

Hernández Vigueras recuerda que la cumbre del G-20 de abril de 2009, en la que se proclamó la «desaparición» de los refugios del dinero negro, fue «una mera cortina de humo que escondía la incapacidad de los principales gobernantes del mundo para resolver los problemas de los mercados financieros globales, opacos e incontrolados».