La UGR es la única universidad andaluza que cumple con el cupo de personas con discapacidad en ofertas de empleo

Esta realidad, señala Maeztu, hace necesario «la adopción de medidas de acción positiva para cumplir con la obligación legal que tienen de que el 2 % de sus efectivos totales sean personas de estas características, debiendo reservar un porcentaje de dichas plazas para estas personas en las convocatorias de acceso al empleo público que realicen».

Por ello, recomienda, en primer lugar, que las universidades elaboren un censo de personal que contemple el número de efectivos que tiene reconocida la condición de personas con discapacidad a fin de determinar el número de plazas necesarias para cumplir con el objetivo que se fijan las leyes garantizadoras del derecho a la inclusión laboral de estas personas.

Asimismo, considera que han de adoptar las medidas necesarias para que en las ofertas públicas de empleo que realicen las mismas para cubrir plazas de personal docente e investigador, se reserve el porcentaje mínimo que establezca la normativa vigente en favor de las personas con discapacidad, y que por sus órganos de gobierno se aprueben los criterios y procedimientos para llevarlas a la práctica.

Así como, para que, en su caso, se doten de un reglamento interno que disponga medidas de apoyo de personas con discapacidad a la función docente e investigadora.

Tras indicar que trasladará esta resolución a las universidades privadas en Andalucía para que actúen en el mismo sentido, ha informado de que también la remitirá al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales para que, si lo tiene a bien, sugiera al Ministerio de Educación que el límite máximo de la tasa de reposición fijado para las universidades no se aplique a plazas de personal docente e investigador que integren el cupo de reserva para personas con discapacidad, como medida de acción positiva que facilite el cumplimiento de los mandatos legales para lograr la integración laboral de estas personas en el ámbito universitario