Un jurado juzgará en abril el caso del joven portero de Peal de Becerro asesinado en 2022

Los hechos que se van a enjuiciar en la Audiencia de Jaén se remontan a la madrugada del 17 de julio de 2022 cuando la víctima, un joven de 29 años, que trabajaba como portero en un pub falleció tras recibir una única puñalada en el tórax que acabó en su vida.

El Ministerio Fiscal recoge en su calificación, a la que ha accedido Europa Press, que e 16 de julio los dos acusados, junto a los hermanos de uno de ellos, «estuvieron bebiendo alcohol y escuchando música con un altavoz portátil, en varios parques de la localidad».

Entrada ya la madrugada del 17 de julio de 2022 decidieron ir a tomar unas copas a un pub del pueblo donde no les dejaron entrar. Se fueron a otro pub, donde trabajaba la víctima. La intención era «pedir bebidas y consumirlas fuera, algo que no estaba permitido, y de lo que educadamente les advirtió»

Uno de los acusados, «con ánimo de atentar la integridad física» ajena golpeó al joven portero en la cabeza con el altavoz portátil que llevaba, «sin causarle herida alguna». El otro acusado, «de una manera totalmente inesperada, de forma sorpresiva, sin dar opción alguna de posible defensa, y motivado por el ánimo de acabar con la vida» de Álvaro, «de forma violenta, le propinó una puñalada con arma blanca en la región torácica izquierda» que «le causó la muerte por shock hipovolémico».

Recoge el Ministerio Público que los acusados «abandonaron el Pub tranquilamente sin prestar ningún de auxilio ni ayuda» a la víctima. Asimismo, indica que los dos acusados «tenían sus facultades para comprender sus actos y la voluntad para decidir intactas al momento de los hechos».

Por todo ello, Fiscalía reclama 20 años de prisión para el jóvenes acusado de propinar la puñalada mortal a Álvaro y 600 euros de multa para el otro joven que se sentará en el banquillo como presunto autor de un delito leve de maltrato de obra. En un primer momento, la Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes, pero sólo ha ejercido la acusación contra dos por su participación directa.

Además de los 20 años de prisión, Fiscalía pide que se imponga al acusado diez años de prohibición de comunicación y acercamiento a la familia y pareja del fallecido, así como de permanecer o residir en Peal de Becerro.

A ello se le suma la obligación de participar en programas formativos contra la violencia durante cinco años después del cumplimiento de la condena. En concepto de responsabilidad cvil, el Ministerio Público la fija en 100.000 euros para la pareja del fallecido y otros 100.000 euros para cada uno de los progenitores.