La Junta realiza 52 prestaciones a personas dependientes en Villarrodrigo

En un comunicado, la Administración andaluza ha explicado que así lo ha destacado la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Jaén, Teresa Vega, durante su visita a diversas dependencias sociales del municipio, junto al alcalde, José Ángel Olivas, por lo que ha explicado que este derecho "permite acercar la calidad de vida a personas mayores, fomentar y mantener el empleo en pequeños municipios".

Vega ha valorado "la trascendente implicación de la Junta de Andalucía en el sostenimiento del Estado del Bienestar, especialmente importante en los pequeños municipios, donde los servicios sociales y la ayuda a las personas dependientes son el pilar sobre el que se vertebra la calidad de vida rural".

Asimismo, en Villarrodrigo, 84 personas han sido valoradas según su grado de dependencia, mientras que, en la actualidad, 36 personas son beneficiarias de la implementación de esta Ley, con un total de 52 prestaciones. En cuanto a ayuda a domicilio, son 19 las personas beneficiarias.

"La población mayor es una prioridad absoluta, ya que el envejecimiento rural requiere la especial atención a estas personas", ha señalado Vega, al mismo tiempo que ha indicado que hasta 13 personas están percibiendo prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar y 27 son beneficiarios de teleasistencia.

En cuanto al Decreto-Ley de medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la inclusión social, la aportación en 2015 ascendió a 12.094 euros en ayuda a la contratación y 4.000 euros en el programa extraordinario de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social.

"La Junta es la administración garante de estos derechos, que permiten prestar asistencia a la población más vulnerable, especialmente sensible en situaciones como las que atraviesan ahora muchas familias", ha incidido Vega, por lo que ha destacado que la Junta está sosteniendo este sistema "pese a los recortes llevados a cabo por el Gobierno central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012" y que financie el 78 por ciento de la inversión total asociada a esta prestación, "en contra del compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que recoge la propia ley de Dependencia".

Pacto de Estado

Según destaca la Junta, el Consejo de Gobierno acordó recientemente proponer al Gobierno central un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas.

Los ocho ejes se centran en replantear el modelo de financiación del sistema a través de su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación del sector sin detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar; asegurar la responsabilidad pública en el sistema mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección, o realizar un nuevo baremo de valoración más preciso e idóneo.

Además, también se centra en simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases, de manera que el plazo total no supere los seis meses; mejorar los mecanismos de participación y la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, y asegurar que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados.

Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta de Andalucía ha planteado al Gobierno adoptar "medidas urgentes" para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50 por ciento del coste total, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22 por ciento.

Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales --mujeres en un 94 por ciento--, que fue "suprimida por un real decreto en el año 2012".