La Junta vuelve a exigir al Gobierno la subestación Mazuelos, "clave en la industrialización del sur"

Lo ha hecho el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, quien ha afirmado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de octubre la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020, que "pone en serio peligro el suministro eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes y supone una importante pérdida de inversiones y empleo".

Además de la subestación de Mazuelos (conectada a la actual línea Atarfe-Olivares), la Junta solicita que la inversión para Jaén sea de unos 15 millones de euros (frente a los cuatro millones aprobados por el Gobierno central) y que se realicen dos de las medidas aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo: la repotenciación de dos líneas de 220 kV ya existentes (Atarfe-Polígono de los Olivares y Andújar-Puerto Llano).

Igualmente, desde el Gobierno andaluz se ha propuesto que se elimine la ampliación de la subestación de Andújar que ha aprobado el Ministerio porque, según ha añadido, el propietario no va a intervenir a medio plazo.

De la Torre ha detallado que, según lo aprobado por el Gobierno central, la provincia de Jaén no va a alcanzar los cuatro millones de euros en estos seis años, que supone "un escaso 0,1 por ciento de la inversión nacional", que será de 4.554 millones de euros. "Esta inversión para Jaén está muy alejada de la que por superficie, demanda eléctrica y población, le correspondería", ha señalado.

De este modo, la provincia dispone del 1,4 por ciento de la población del país, ocupa el 2,7 por ciento de la superficie del territorio nacional y consume el 1,1 por ciento de la energía eléctrica del país. Por tanto, atendiendo al criterio más restrictivo, en este caso el del consumo eléctrico, la inversión en la provincia tendría que alcanzar, al menos, los 50 millones de euros.

En el actual escenario de restricción presupuestaria, la propuesta de infraestructuras presentada por Andalucía para la provincia de Jaén consiste en incrementar la inversión en once millones de euros, hasta acercarse a los 15 millones para el periodo de los seis años de la planificación. "Esta cantidad está muy por debajo de cualquiera de la que le correspondería a la provincia de Jaén según los ratios de territorio, población o demanda, pero es más cercana a las necesidades mínimas de la provincia", ha apostillado.

De la Torre ha agregado que la planificación de la red de transporte eléctrico aprobada por el Ministerio reduce las actuaciones en Jaén exclusivamente a la repotenciación de dos líneas de 220 kV ya existentes (Atarfe-Polígono de los Olivares y Andújar-Puertollano), que básicamente sirven para mejorar la consistencia de la estructura de la red de transporte, pero sin grandes beneficios específicos a nivel local.

Junto a la necesaria repotenciación de estas dos líneas, el Ministerio ha reducido en su propuesta el número de actuaciones en subestaciones en la provincia a una: la ampliación de la subestación Andújar 220 kV para la conexión de la central eléctrica de Bombeo Cabañuelas, en el río Jándula, cuyo promotor no tiene intenciones de construirla en el medio plazo. Ha defendido que, en lugar de esta intervención, se construya la subestación de Mazuelos, que sí fue incluida en la planificación 2008-2016 y ahora ha sido eliminada por el Ministerio.

Ha recordado que el Gobierno andaluz remitió en noviembre de 2014 una propuesta al Ministerio basada en un escenario económico restrictivo, pero incluyendo infraestructuras prioritarias. "La planificación del Gobierno debería garantizar un suministro adecuado y de calidad para todos", ha manifestado.

Finalmente, ha aclarado que esta planificación recoge las infraestructuras de transporte eléctrico de tensión mayor o igual a 220 kilovoltios que se construirán en los próximos años para garantizar el suministro. Es un documento de carácter vinculante que debe ser elaborado con la participación de las comunidades autónomas y que sustituirá al vigente para el periodo 2008-2016, que fue suspendido por el Gobierno de España en 2012.