La Asociación 28 de Febrero sale indemne de la demanda que le interpuso Santana

Tras varios recursos e instancias judiciales, como el Juzgado Mixto de Linares y la Audiencia Provincial de Jaén, el Tribunal Supremo ratifica ahora, con sentencia firme, la desestimación originaria de las pretensiones deducidas en su demanda por Santana Motor y admite íntegramente la demanda reconvencional de la asociación, con todos los pronunciamientos favorables.

«Nuestro honor fue puesto en entredicho e incluso llegó a peligrar nuestra continuidad cuando, en mayo de 2014, aparece la noticia de que la Junta nos reclamaba 1,5 millones, dos con los intereses de demora, correspondientes a las ayudas entregadas desde mayo de 2009 hasta marzo de 2011 a los trabajadores de Matresur, las cuales no fueron recogidas en el famoso Decreto-Ley 4/2012», señaló el presidente de la Asociación 28 de Febrero, Julio Gallego.

Según explicó el directivo, «el único papel de la asociación con respecto a ese dinero consistió en trasladar el importe de las nóminas que recibían de Santana los trabajadores, naturalmente con los requisitos que justificaban esa entrega de dinero». A pesar de todo, en palabras de Gallego, «nos pusieron en la picota, nos quedamos desamparados por los sindicatos y la Junta, y todo ello con un latente peligro de desaparición». «Incluso hubo voces que pusieron en tela de juicio la labor de esta asociación», dijo.

El vicepresidente y asesor de la Asociación 28 de Febrero, Jesús Fernández, explicó que todo comenzó en enero de 2009, cuando la empresa Matresur se vio afectada por problemas financieros, acordó un ERTE y se reguló un complemento de mejora salarial sobre la prestación por desempleo para sus trabajadores. En mayo de 2009, la empresa no pudo abonar ese complemento acordado y la comisión de seguimiento del Plan de Acción Social articuló una fórmula de pago, con el consentimiento de Santana, para que esta pagase el complemento a los 54 trabajadores a través de la Asociación 28 de Febrero, ya que todos eran socios.

Así se hizo desde 2009 hasta 2011, pero en el mes de abril Santana Motor solicitó a la asociación que firmase un documento de préstamo que recogía las cantidades recibidas y abonadas a los trabajadores de Matresur (en torno a 1,5 millones), estableciendo su devolución, incluyendo los intereses de demora.

«La asociación dijo que no se podían devolver las cantidades recibidas porque ya habían sido entregadas a los trabajadores de Matresur, siguiendo las indicaciones encomendadas, y nunca se habló de que eso era un préstamo que luego habría que devolver, menos aún cuando finalizan los pagos. Sin embargo, los abogados de Santana decían que la asociación había recibido ese dinero y que ellos debían justificarlo porque el presidente de la empresa, Bienvenido Martínez, ya se marchaba al estar liquidada», señaló Jesús Fernández.

A pesar de la negativa inicial a firmar el documento de préstamo, finalmente, la Asociación 28 de Febrero accedió a rubricarlo «de buena fe», según manifestó el asesor del colectivo, porque «los letrados de Santana aseguraron que no habría problema y no se tendría que devolver el dinero».

Aún así, la asociación decidió consultar a los sindicatos, respondiendo estos que «cuando se pagasen las ayudas recogidas en el Plan Linares Futuro, no podría haber duplicidad de pagos y, por tanto, acabarían siendo devueltas», según Jesús Fernández.

La situación cambió cuando, una vez aprobadas las ayudas en enero de 2012 para los trabajadores de Matresur, «en su póliza de rentas no se tuvieron en cuenta las cantidades abonadas entre 2009 y 2011, pero el liquidador de Santana sí le pidió a la asociación la devolución del préstamo por valor de dos millones de euros». «El liquidador mantenía que existía un documento de deuda que tenía que cobrar y no escuchó nuestras explicaciones y la imposibilidad de devolverlo al carecer de medios. Se mantuvieron reuniones con los sindicatos y la Junta, pero nos dejaron abandonados y sin encontrar solución», lamentó Fernández.

Así las cosas, el liquidador de Santana interpuso una demanda en el Juzgado Mixto de Linares contra la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, en febrero de 2014, para reclamar el pago de los dos millones de euros, a lo que el colectivo contestó también por vía judicial, siendo asistido por el letrado granadino Jesús Ferreira Siles.

«Nos propusimos demostrar, y así lo conseguimos, que el préstamo no era tal, esto es, la Asociación 28 de Febrero no era beneficiaria de suma alguna, esencia de todo préstamo, por lo que el documento firmado debería ser declarado nulo, debiendo atenerse a lo que realmente había tras el mismo, que era el cumplimento de una serie de pactos con los trabajadores a cuyos pagos, ahora, se le pretendía dar la forma de préstamo, por lo que la causa era falsa, y lo que realmente encubría era un negocio jurídico atípico en el que la asociación era 'correa de transmisión' para hacerles llegar el dinero acordado a los trabajadores», manifestó el abogado defensor.