«Nadie puede negar que las facturas de Matinsreg eran falsas»
El Ministerio Fiscal señala que «no queda acreditado» que el exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, tuviera conocimiento de la trama
Una hora y quince minutos ha necesitado el fiscal jefe, Carlos Rueda, para ubicar a cada uno de los acusados en la historia que conforma ... la trama Matinsreg. Porque, tal como ha dejado claro, «nadie puede negar que las facturas eran falsas», lo cual ha calificado de «hecho objetivo» y que no era necesario disponer de un conocimiento específico para percatarse de ello.
Según el informe, existía un «plan» en el que participaron tres empresarios acusados y la colaboración necesaria del Ayuntamiento, con los exconcejales Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral al frente.
Aun así, ha subrayado la no implicación del exalcalde José Enrique Fernández de Moya al entender que «no tenía participación en los hechos», tal como se indicó al inicio del procedimiento por parte del Ministerio Fiscal, que no lo incluye entre los acusados. Ha afirmado que «nadie ha podido acreditar» que el que estuviera al frente de la Administración local entonces tuviera conocimiento de las facturas falsas.
Ha hecho hincapié en que el uso de productos y el de horas de los trabajadores sufrieron «un incremento artificial que superaba con mucho el margen de beneficio» y que hubo un «pacto previo» por parte de empresarios y personal del Ayuntamiento de Jaén para lograr unas ganancias «ilícitas». «En las fuentes de Jaén había más cloro que agua», ha dicho.
La última jornada del juicio por el caso Matinsreg se ha dividido en dos sesiones de mañana y tarde para la realización de la lectura de informes y confirmación de las modificaciones de cada una de las partes. Así, la primera intervención ha sido para el Ministerio Fiscal, que ha marcado los tiempos de los demás letrados para su turno de palabra.
Tres empresarios
De esta forma, ha indicado que «sin duda» las facturas se «inflaron» y que los principales beneficiarios de estas ganancias serían los tres empresarios implicados. José M., también conocido como el 'conseguidor', Isidoro H. C. y Luis Gregorio G. V., gerente de Matinsreg.
Para ellos, igual que para el técnico que firmó las facturas, solicita una pena de siete años y un día de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental, mientras que para Luis Gregorio G.V. divide la petición pena en dos años por malversación y un año y nueve meses por falsedad. Para los exconcejales la pena sería de ocho años de cárcel.
Al respecto, las declaraciones que realizó el gerente de Matinsreg con la confirmación de las facturas falsas e implicando al resto de acusados en la trama ha sido un tema controvertido en la sala de vistas, donde se ha hablado de «acuerdo encubierto» y que tanto el Ministerio Fiscal como el abogado defensor han desmentido. «Luis Gregorio se puso en contacto con Fiscalía para manifestar que iba a confesar y su intención de reparar el daño, pero en ningún momento se le indicó qué decir», ha asegurado el fiscal, y ha añadido: «En ningún momento sabíamos lo que iba a declarar en el juicio».
Así, tanto las acusaciones como el letrado defensor han pedido que se tenga en cuenta los atenuantes de confesión y la reparación del daño, con el abono de un millón de euros que sería el doble de lo que le correspondería por su implicación en la trama, según su abogado.
«Conocía la situación»
De todas formas, el Ministerio Fiscal señala a que «alguien tuvo que decidir» y que esa persona «está en la Concejalía de Mantenimiento Urbano», pues es de donde salió el documento que entregaba de forma urgente el servicio para la empresa zamorana Matinsreg de forma urgente.
En responsabilidad civil, Fiscalía pide a los acusados que indemnicen de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento con 3,4 millones de euros.
El Ayuntamiento de Jaén, como acusación particular, ha señalado que «existía una conexión directa entre Zamora y Jaén», que se acreditan las facturas falsas y que Fernández de Moya «conocía la situación». «Podría haber pulsado un botón del pánico para detener las decisiones hasta el descalabro que se juzgado hoy aquí», ha indicado, y ha señalado que «parece que se ha dispuesto todo para no querer saber» lo ocurrido, con el objetivo final de «esquilmar las arcas públicas».
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