El PSOE exige a la Junta que regule la implantación de plantas de biogás y biometano

«La Junta está obligada a mover ficha y a hacerlo rápido. Las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Los vecinos deben tener el convencimiento de que si una planta se instala en su término municipal, lo hace con todas las garantías medioambientales y de salud y sólo les va a reportar beneficios y prosperidad», ha afirmado el secretario general del partido, Juan Latorre.

Así lo ha indicado después de mantener una reunión con responsables socialistas en municipios que cuentan con proyectos de este tipo en la provincia, donde, además, son varias las plataformas ciudadanas que han surgido contra esta instalaciones ante el impacto negativo que pueden suponer en la calidad de vida de la población.

Latorre ha explicado que desde el PSOE se ha presentado proposiciones no de ley en el Parlamento andaluz y mociones en los ayuntamientos para pedir al Gobierno andaluz que desarrolle «una normativa específica con criterios racionales, equilibrados y sostenibles» para la instalación de estas plantas, «fijando una distancia mínima de seguridad a los núcleos de población y con informes de impacto sobre la salud y de olores».

Igualmente, se le solicita que «suspenda la tramitación de los proyectos hasta contar con esa normativa» y que «agilice los trámites de evaluación ambiental» que han iniciado algunos ayuntamientos para cambiar su planeamiento urbanístico.

Por último, desde el PSOE se demanda que publique «el mapa completo» de estas plantas en Andalucía y, específicamente en la provincia de Jaén. Junto a ello, ha anunciado alegaciones sobre esta materia en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

El dirigente socialista ha confiado en que esta moción «sea atendida y con urgencia» por la Administración autonómica, porque es «quien tiene la responsabilidad y quien tiene que dar un paso al frente».

Al respecto, ha apuntado que son competencias fijadas en el Estatuto de Autonomía o las leyes Lista y Gica. Sin embargo, «la Junta ha desaparecido y ha vuelto a dejar solos a los ayuntamientos», algo que «no puede ser, porque la competencia municipal es únicamente urbanística» y «la ambiental es de la Junta».

Latorre ha destacado que estas plantas causan impacto en los territorios y, por tanto, «deben contar con las máximas garantías, con procesos de rigurosos de evaluación ambiental, con informes de incidencia sobre la salud y con la participación transparente de instituciones y agentes sociales».

En este sentido, ha considerado que el «profundo rechazo social» que se está produciendo en algunos municipios se debe «a la ubicación inadecuada de estas plantas, cercana a los cascos urbanos, y a la falta de información y ausencia de normativa por parte de la Junta».