Las nóminas municipales, pendientes del fondo del Ministerio de Hacienda

Manuel Bonilla (PP) justificó la abstención por responsabilidad para no bloquear la institución, aunque también se abstuvieron y por las mismas razones los dos concejales de Vox, que dejaron patente su ya consumado divorcio votando en ocasiones de forma distinta. No obstante, para la oposición el riesgo aún existe, pues temen que el Ministerio de Hacienda no acepte por insuficiente esta modificación del Plan de Ajuste, impuesto al Ayuntamiento de Jaén desde 2012 por su elevada deuda, la mayor por habitante de las capitales y principales ciudades del país, y que recibe desde entonces inyecciones de liquidez en forma de préstamos ventajosos para poder seguir tirando.

La concejala de Economía y Hacienda, María Orozco, primera teniente de alcalde desde que en verano sus tres compañeros de Cs abandonaran el gobierno local, dejándolo en minoría, explicó que el Ayuntamiento pidió al Ministerio en septiembre casi 29 millones de los Fondos de Ordenación para pagar sentencias condenatorias por impagos y la anualidad de los préstamos de Somuvisa. A cambio le ofreció una reducción en los gastos de Aqualia, e incluso una devolución económica de esta porque se averiguó que los cálculos se habían hecho mal con anterioridad. Pero al Ministerio le pareció una reducción del gasto insuficiente y el 16 de noviembre pidió al Ayuntamiento más medidas de ajuste para equilibrar. El gobierno municipal propone en la modificación aprobada ayer que el ahorro sea a cuenta de la funcionarización del personal laboral, pues supondrá un ahorro en el pago del Ayuntamiento a la Seguridad Social.

Bruno García, por los ediles no adscritos, apuntó al informe desfavorable de la interventora municipal, por lo que no ve «creíble» el ajuste. La concejala de Economía recordó, al igual que el PP, que estos informes son preceptivos pero no vinculantes, y que el jefe de la Sección de Estudios Económicos y Financieros sí considera que la medida se adapta al Plan de Ajuste, aunque el portavoz del PP le rebatió que fuera así. «El Ministerio no se lo va a creer», espetó. María Orozco, por su parte, lamentó que tenga que hacer estos ajustes porque el PP no los hizo cuando gobernó, a pesar de incluirlo en el Plan de Ajuste.

Vox y Unidas Podemos reclamaron la quita de la deuda, aunque eso depende del Ministerio. Especialmente incisivo estuvo el portavoz de UP, Javier Ureña, quien acusó de «arrogancia» al alcalde, Julio Millán (PSOE), de «caer en la trampa de las derechas» y aliarse en política económica con «el PP corrupto y la extrema derecha xenófoba», y de moverse en «arenas movedizas». El alcalde le recordó que UP está en el Gobierno de España y que los ajustes vienen del Ministerio.

La otra trifulca dialéctica fue cuando los exconcejales de Cs acusaron a la edil de Economía y excompañera de aprobar en 2019 la subida del IBI sin contar con ellos ni saberlo el alcalde. Orozco no podía creer lo que estaba escuchando y apuntó que al Ministerio fue un asesor de Cs y que todos estaban informados de la exigencia de Hacienda. Bonilla (PP) recordó que dio una rueda de prensa sobre ello antes de aprobarse, y Salud Anguita (Vox), que si no se enteraban, que se vayan a su casa. Y en este ambiente se celebró el pleno previo a la Navidad y sin la copa de confraternidad que desapareció con la anterior crisis.

Por otro lado, la empresa municipal de aparcamientos, EPASSA, aprobó ayer un incremento en los precios públicos equivalente al incremento del IPC, del 5,4%, pasando de 1,50 euros a 1,57 la hora, para equilibrar las cuentas, según indicó la concejala responsable, Estefanía Plaza, quien pidió a la oposición y en particular al PP que no haga política con los precios públicos de un servicio, que debe cubrir los costes. Unidas Podemos se abstuvo y el PP criticó que es una nueva subida.