La Mesa Social del Agua pide un reparto «equitativo y con criterios sociales» del recurso

Así lo ha manifestado Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía, quien han puesto de manifiesto que en Andalucía el 20% de las explotaciones agrarias gestionan el 80%, una situación que buscan revertir a través de medidas encaminadas a un cambio en el modelo de gobernanza en la gestión y con «un mejor reparto que tenga en cuenta criterios más sociales y justos para garantizar la supervivencia de la agricultura y ganadería familiar».

Esos han sido los objetivos de la jornada de la Mesa Social del Agua en la que se han expuesto las conclusiones del trabajo que se viene realizando en los últimos ocho años por un grupo de entidades sindicales, organizaciones agrarias, universidades y colectivos medioambientales para «dar voz a quienes no tienen voz en la gestión del agua».

Por su parte, Joan Corominas, en representación de la Mesa Social del Agua de Andalucía, ha afirmado que la jornada de hoy ha sido para explicar los avances en la búsqueda de «criterios que permitan usar mejor el agua en beneficio de toda la sociedad» y también «llevar a efecto lo que dice la Constitución, que el agua es un bien de dominio público para beneficio de todos, no solo para unos pocos».

Misma reivindicación que el presidente de Asare Jaén, Alfonso Moreno, quien ha reclamado que el agua «no sea un motivo de desigualdad, sino un auténtico motor de desarrollo, al mismo tiempo que combatimos los efectos del cambio climático».

Por su parte, la secretaria general de UGT Jaén, Pilar Gil, ha señalado que el reparto de agua tiene que ser «más justo y social», y para ello es necesario que vaya vinculado a un empleo de calidad, a planes de prevención, a convenios colectivos y a trabajo digno, «porque sin contraprestación se pueden generar, e incluso aumentar las desigualdades».

Para ello, Moreno considera «imprescindible» una planificación hidrológica «seria y rigurosa», basada en el uso sostenible del agua y en la satisfacción equilibrada de las demandas, a través de medidas «concretas y ambiciosas», como la modernización total de los regadíos, la revisión de las concesiones, la construcción de nuevas infraestructuras, la reutilización de aguas regeneradas, la doble tarificación volumétrica y, sobre todo, «una nueva gobernanza que dé voz a los regantes».