El informe de Tesorería no da el visto bueno a la cesión de la recaudación a Diputación

El primero de ellos señala que «no se ha aportado ningún informe de Diputación con los porcentajes de recaudación ni con la metodología utilizada para calcular los porcentajes que vienen recogidos en la Memoria 2023», algo que desde esta área se considera «imprescindible para efectuar comparaciones de resultados» entre ambas administraciones. Por otro lado, se señala que el Ayuntamiento «va a tener que recaudar los derechos cuya recaudación presenta más dificultad (los de mayor antigüedad y los de menor importe), con posibilidad de colisión con la Diputación, mientras que esta va a recaudar los derechos más nuevos y los de mayor importe, que se encuentran muy depurados, después de muchos años de colaboración con la Gerencia Territorial del Catastro».

Sobre el propio convenio que firmarán las dos administraciones, desde Tesorería se apunta que «los términos bien podrían ser más precisos y favorables para el Ayuntamiento». Además, recae en que existe la posibilidad de «revisar la compensación económica a pagar, pero sin especificar si sería a la baja» y además «sin que tenga que ser aprobado por el Ayuntamiento».

En este punto, también se hace referencia a la duración del convenio, prevista para ocho años. En dicho informe se recuerda que este tiempo podría ser «el mismo de la delegación de los expedientes sancionadores de tráfico, que en un principio serían cuatro». Además, se apunta que «hubiese sido favorable que la cantidad a pagar a Diputación como compensación por la cesión se hubiese invertido en el Servicio».

En definitiva, desde Tesorería se señala que «no existe una necesidad de delegar las facultades a la Diputación en vistas de que los porcentajes de recaudación son similares, y además va a implicar un coste adicional representado por la compensación económica a pagar que no parece proporcionado con el incremento de ingresos previstos». Asimismo, se señala «pérdida de autonomía financiera».

La decisión de ceder el servicio de recaudación fue anunciada por el alcalde, Julio Millán, hace unos meses, con la intención de que suponga «el incremento de más de cuatro millones a las arcas municipales», datos que se recogen en la Memoria Justificativa del área de Hacienda. La otra parte del equipo de Gobierno, Jaén Merece Más, no ha querido posicionarse por el momento, a la espera del informe del CES local (no es vinculante), que se emitirá previsiblemente el próximo viernes, tras recopilar los distintos informes.

Mientras, el PP siempre ha cargado duramente con esta decisión, al considerar que se trata de «un acto de servilismo del alcalde al presidente de la Diputación, Paco Reyes», además de considerar que «el Ayuntamiento perderá autonomía y no habrá beneficio». Mientras, Millán les recuerda que son muchos los municipios de la provincia que tienen cedida esta competencia y María Espejo (JM+) que el propio PP quería «delegar parte de estas funciones al Ministerio de Hacienda».