Cuatro años después sigue la búsqueda del temporero desaparecido en Villacarrillo

Han pasado cuatro años ya de su desaparición pero desde la UCO inciden en que el caso se mantiene abierto y que se siguen realizando indagaciones sobre cualquier pista que arroje luz sobre su paradero. De hecho, desde la UCO se ha indicado a Europa Press que se investiga cualquier dato o información que les llega sobre este caso.

Fue en julio de 2023 cuando la UCO daba por finalizadas las labores de búsqueda y rastreo que durante más de dos semanas llevaron a cabo en diversos parajes de Villacarrillo para intentar localizar pistas que lleven a dar con el paradero de Ibrahima Diouf. Fue la última vez que se organizó un despliegue para este caso, aunque los agentes han seguido haciendo indagaciones de forma recurrente desde su desaparición.

En esa ocasión participaron medios de apoyo como la Unidad de Caballería o drones, entre otros. Desde la UCO mantienen que sus desplazamientos a Villacarrillo son y serán frecuentes, aunque no siempre lo hacen desplegando medios de apoyo.

El Instituto Armado viene desarrollando reiteradas búsquedas y pesquisas relacionadas con este caso, por el que un vecino de la citada localidad está investigado. Se trata de un empresario agrícola para el que trabajó el jornalero y que ya fue objeto de investigación por la desaparición de otro temporero en 2013, aunque fue absuelto en el juicio. De hecho, también se siguen buscando los restos de este primer temporero desaparecido.

Desde su desaparición, la UCO viene ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada. En los últimos trabajos sobre el terreno en junio de 2023 se desplazaron hasta Villacarrillo una treintena de agentes que rastrearon palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

Se peinó la zona a caballo y se contó con la ayuda del Servicio Cinológico para que los perros rastrearan cualquier resto biológico que detecten en el terreno. También se contó con la ayuda de un dron que sobrevoló la zona y los puntos de difícil acceso, como fue el caso de un barranco de gran profundidad.

Además, en mayo de 2023 la Guardia Civil pidió la colaboración ciudadana para poder esclarecer el caso. En ese momento, argumentaron que sería de gran interés para la investigación, el disponer de cualquier material gráfico, tanto fotos como vídeos, grabados en la vía pública del municipio de Villacarrillo entre los días 5 y 7 de enero de 2021, destacando como evento relevante del que también se solicita material gráfico, la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos. Sin embargo, pese a esta llamada a la colaboración ciudadana tampoco se encontró ninguna pista que arrojara luz en el caso.

En el primer momento de la desaparición de Ibrahima Diouf, hubo registros minuciosos en un garaje y una vivienda, en los que también participaron perros del servicio cinológico. Además, se contó con miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) para la inspección de un pozo ubicado en el inmueble. Después, se inspeccionó una finca de olivar propiedad del citado vecino en Villanueva del Arzobispo (Jaén).

La persona investigada ya fue detenida por la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna y cuyo cuerpo sigue sin aparecer.

Se trataba de Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección.

Tras ser juzgado en 2016 por, entre otros delitos, explotar a trabajadores inmigrantes y haber hecho desaparecer a uno de ellos que se levantó en portavoz de la cuadrilla, fue absuelto del delito de desaparición forzosa de Tidiany Coulibaly.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén, por contra, lo condenó a un año de cárcel y multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores, que «eran explotados», y a otro año y medio de prisión por un delito contra la Administración de Justicia junto a otra multa de 6.000 euros. Además, por una falta de defraudación de fluido eléctrico se le condenó al pago de otra multa por valor de 1.200 euros.