18 de los 38 autobuses urbanos tienen más de 12 años de antigüedad

Castillo tiene que renovar cada año dos autobuses, según el citado contrato. Los del 2019 están aún pendientes. La empresa ha alegado que ha hecho las gestiones para su compra, pero que el Ayuntamiento le ha requerido información sobre la misma (el consistorio pidió que fueran microbuses) y que Castillo no va a responder a esta petición «hasta contar con las respuesta del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el actual contrato con la empresa de transportes», ha apuntado la presidenta de la comisión. Poco después, el gerente indicó en Radio Jaén Cadena Ser que el concejal de Seguridad y Trasportes, Miguel Castro, le había dicho que no los comprara hasta ver el resultado del expediente iniciado por el gobierno municipal. Extremo que niega el concejal, que en declaraciones a IDEAL asegura que, a la pregunta del gerente de la empresa de si adquiría o no los autobuses, le contestó, delante de testigos, que hiciera lo que venía en el contrato.

Por otro lado, en la documentación presentada hoy por la empresa también figura que de sus 64 conductores, 34 tienen contratos por obra y servicio, al igual el auxiliar administrativo y un vigilante diurno. Y que los dos vigilantes de noche, que también realizan las labores de limpieza de los autobuses según ha dicho el gerente a preguntas de los miembros de la comisión, tienen contratos por circunstancias de la producción.

A su vez, la empresa ha puesto el acento en la deuda que el Ayuntamiento mantiene con Castillo, que a finales del año pasado ascendía a 1,3 millones de euros y que, si bien se han hecho algunos pagos, en la actualidad ronda esa cifra. Y ha quedado pendiente de subsanación los datos de viajeros y billetes, al reconocer la empresa algunos errores en los presentados, que ha justificado en parte en un virus informático en mayo del año pasado. Así, por ejemplo, la comisión ha observado un desfase, a la favor de la empresa, en los datos ofrecidos sobre los bonobuses ordinarios. El viajero paga 67 céntimos y el Ayuntamiento abona a Castillo la diferencia, 33 céntimos por cada viaje.

De otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que va a encargar un estudio sobre las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los autobuses para determinar si estas imágenes, en las que aparecen los usuarios, pueden conculcar sus derechos. La empresa ha justificado su instalación para el control de sus trabajadores en las puertas de entrada de los autobuses pero, según Lucía Real, «se da la circunstancia, de que hay cámaras instaladas tras el conductor que graban a los viajeros sin que se avise de su uso».

«José Castillo ha manifestado, en su descarga - ha añadido Real - , que han registrado un fichero en la Agencia de Protección de Datos, pero se le ha informado de que este hecho no permite instalar cámaras donde se quiera». «Pero si las imágenes se guardan, debe hacerlo una empresa especializada», ha apostillado. Además, los concejales del equipo de gobierno, de PSOE y Cs, han negado que tuvieran conocimiento de la instalación de estas cámaras o de cualquier permiso solicitado para ello.

Sobre los paneles que informaban en las paradas del tiempo de llegada de cada autobús, que no funcionan desde hace más de un año, la empresa ha explicado que dejaron de hacer cuando se cambiaron las canceladoras de los billetes por una cuestión informática ('software' incompatible), que tiene que ser actualizado por el Consorcio de Transporte Metropolitano, que fue el que puso las nuevas canceladoras tras el acuerdo alcanzado en 2018 con el Ayuntamiento.

Otro de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Transparencia es la ampliación del horario de la línea 9, que cubre el trayecto entre la Universidad y San Felipe, que comenzará su servicio a las 7 de la mañana, con dos vehículos. «Con esta ampliación, se va a permitir que los usuarios del servicio de autobuses, especialmente los que residen en el Polígono El Valle y que sólo cuentan con esa línea, puedan estar en el centro de la ciudad a las 8 de la mañana para comenzar con su actividad habitual», ha señalado la presidenta de la comisión.