Las voces de la Constitución se escuchan en Granada

El primero en hablar fue Manuel Titos, que se centró en la historia constitucional de España desde los comienzos del liberalismo, a finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Un periodo en el que España ha tenido siete constituciones, dos proyectos que nunca llegaron a funcionar y otras dos 'semiconstituciones' hasta llegar a la Carta Magna de 1978.

Titos habló de aspectos como el paso del sufragio censitario –en función de la renta– al universal, de los muchos años que transcurrieron hasta el reconocimiento del voto femenino y de que los desarrollos constitucionales en España siempre estuvieron acompasados con los europeos.

También enumeró los tres problemas que siempre se asociaron a la promulgación de las constituciones: la corrupción electoral, las intromisiones en la división de poderes y los nacionalismos, especialmente en la segunda mitad del XX. «Salvo la separación de Chequia y Eslovaquia y de Suecia y Noruega, no ha habido un conflicto separatista que no se haya resuelto con una guerra», aseguró.

El magistrado emérito del Constitucional Andrés Ollero comentó que ahora mismo España está sometida a una triple amenaza. En primer lugar, la Ley de Amnistía, que está derivando en una situación de «gravedad». «La vez anterior estábamos pasando de una dictadura a una democracia; ahora estamos en otras circunstancias», recordó. El segundo, lo que él denominó como el 'acostumbramiento', refiriéndose al filósofo Jürgen Habermas. «Me preocupa que los jóvenes vean como algo normal que unos señores engañen a otros», comentó Ollero. Y el tercero, el que afloren las desigualdades entre comunidades.

El jurista identificó varias víctimas de esta situación. Como los propios catalanes, que han padecido el empeño de que su lengua sea obligatoria en la UE, cuya dinámica es todo lo contrario, la universalidad. «Un antojo pueblerino», criticó. El propio Partido Socialista, que tiene dirigentes como Felipe González que no entienden que se le tenga que pedir perdón a un prófugo. O los propios magistrados del Constitucional, cuya presunción de inocencia está en entredicho.

Remedios Sánchez recordó la generosidad de los constituyentes, en 1978 para entenderse y mirar más allá. Y apeló a nuestros representantes para que se pongan de acuerdo y busquen puntos de encuentro partiendo de una idea que, bajo su punto de vista, tiene que estar siempre muy presente: la Constitución no es algo inamovible, debe adaptarse a la realidad de los tiempos. «El papel no lo soporta todo, no es inmutable», subrayó. Refirió el momento trascendental que estamos viviendo y reivindicó que «todo el mundo ponga de su parte para que los sacrificios que se hicieron en 1978 no sean baldíos». «Se puede y se debe debatir –agregó– siempre que se respete la voluntad popular de la que es fruto la Constitución».

Ángeles Orantes centró su alocución en el progreso que ha significado para el tejido productivo la estabilidad que ha aportado la Constitución y el papel que han desempeñado las empresas no solo como generadoras de empleo y riqueza, «sino como sustento del Estado de bienestar y del sector público».

Una evolución propiciada por la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos, «hasta el punto de que hoy día España cuenta con 650.000 emprendedoras». Entre los factores que han posibilitado el avance de España, Orantes resaltó la libertad de empresa, la relevancia de la concertación para establecer las normativas laborales y la solidaridad y el equilibrio entre los territorios. Y entre los peligros, la ruptura del principio de igualdad, la competencia desleal y el riesgo de un exceso de intervencionismo.

Por último, Leandro Cabrera recordó que el 10 de noviembre el Colegio de Abogados hizo público un comunicado en el que la entidad colegial manifestaba su preocupación por el acuerdo entre el PSOE y Junts y las consecuencias que tendría sobre el Estado de Derecho y la separación de poderes. «Los juristas no podemos permanecer callados ante la vulneración», afirmó Leandro Cabrera, quien advirtió de una reversión del sistema producida por la necesidad de votos para alcanzar la investidura. «Lo que era una preocupación jurídica ya se ha extendido al resto de la sociedad», significó.