El TSJA insta a aumentar las plazas judiciales y «modernizar» una justicia «lenta y poco eficiente»

Los asuntos pendientes son tan elevados que sitúan a Andalucía, de nuevo, en los primeros puestos en cuanto a litigiosidad en España. En 2024, los tribunales ingresaron un 5% más que en 2023; fueron 1.434.551 asuntos frente a los 1.372.072 del año anterior. Los órdenes jurisdiccionales con más presión fueron social y civil. Por otro lado, disminuyeron en la jurisdicción contenciosa un 20% y un 3% en la penal. Sin embargo, los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 50% del total. La tendencia es «idéntica» a la de años anteriores: «gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los juzgados».

En este sentido, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 67%, hasta 862.511 en el pasado año, un atasco «sumamente llamativo y preocupante», pese a que los órganos judiciales resolvieron 1.340.223 asuntos (un 5% más que el año anterior). La carga total de trabajo siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen y mejorar los tiempos de respuesta.

Lorenzo del Río tiene «esperanza» en que estas cifras cambien en memorias futuras. Para ello, insiste, hace falta «modernización» en la estructura organizativa. En este sentido, ha hecho referencia a mejoras en los medios técnicos; que los partidos judiciales funcionen de modo colegiado, superando definitivamente el actual esquema de juzgados numerados y separados; y completar las reformas y actuaciones legislativas y prestacionales previstas. Por otro lado, es «imprescindible» un significativo aumento del número de plazas judiciales, dado que el año pasado no se creó ninguna nueva. El número ideal sería aproximadamente 142 para toda Andalucía.

«2024 puede marcar el final de una etapa en nuestra administración de justicia, caracterizada por la ausencia de las reformas y recursos imprescindibles, en un entorno de ausencia también de consenso político, todo ello imprescindible para adaptarse a la realidad de los tiempos y ser capaces de dar respuesta ágil y eficiente a la demanda social de tutela judicial efectiva», ha puntualizado Lorenzo del Río.

El presidente de la institución, asimismo, pone el foco en los juzgados de violencia de género, que este año asumirán las competencias en materia de violencia sexual, que hasta ahora asumían los de instrucción. Aumentar las plazas judiciales en ellos tiene más sentido si cabe, puesto que la estimación es que sus competencias se incrementarán «en un 10 o 20%». Aún están estudiando cómo habría que reforzarlos.

Durante 2024, tal y como ha recordado el presidente del TSJA, hubo diez mujeres fallecidas en Andalucía por esta lacra, de las cuales nueve no tenían órdenes de protección. Los Juzgados recibieron 40.168 denuncias, un 1% menos que el anterior, y se pidieron 9.790 órdenes de protección, de las cuales se adoptaron el 76%.

El TSJA sugiere «no escatimar esfuerzos para evitar resultados fatales y no previsibles», de forma que se exteriorice sin fisuras que el poder judicial «está siempre al lado de las víctimas». «Debemos seguir esforzándonos en crear una auténtica conciencia social de reproche, muy necesario también en las generaciones jóvenes», alega. Del Río sugiere actuar en el campo de la prevención, «recopilando y compartiendo información en tiempo real procedente de todos los cuerpos policiales», y con más ayuntamientos integrados en el sistema VioGén. Actualmente, en Andalucía hay adheridos un total de 277 municipios, lo que supone un 35,2%.

La memoria refleja igualmente la preocupación por la suspensión de juicios y vistas, que oscila entre el 54% de la jurisdicción social y el 25% de las jurisdicciones penal y civil. «Constituye un obstáculo para la buena marcha de los órganos jurisdiccionales y prolonga en exceso el tiempo de finalización del proceso. Si se suspende se señala para un año después, y si ocurre más veces, podemos irnos a dos o tres años. Hay un problema de eficiencia de agendas», admite.

Por otro lado, el documento habla sobre los problemas relacionados con el nuevo sistema de gestión procesal @adriano, que ha registrado multitud de incidencias durante 2024. «La consejería está trabajando para adaptarlo a la Ley de eficiencia. Por ahora, el expediente digital no está plenamente operativo y se sigue trabajando en papel en la administración», ha expresado Lorenzo del Río durante la rueda de prensa.