Archivada la pieza de un antiguo préstamo de Dhul en el caso ERE

El auto del tribunal sevillano, dictado el 17 de diciembre, desestima de este modo un recurso de apelación que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de dar carpetazo a esta parte de la macrocausa en marzo de 2018.

Los hechos que llevaron a estar inmersos a estos cinco ex altos cargos de la entidad financiera granadina -y en quienes finalmente no se han apreciado conductas con alcance penal- se remontan a hace ya tres lustros, cuando Caja Rural concedió el referido préstamo a Dhul, empresa entonces de la familia Ruiz Mateos.

El importe del préstamo fue de 1,9 millones de euros y se tuvo en cuenta, «a efectos de calibrar la solvencia de la prestataria, que la misma tenía concedida una ayuda por importe de casi 2,4 millones de euros por el entonces director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en concepto de aplicación del ERE 1/2012».

Una vez vencido el plazo de doce meses otorgado, en 2006 se renovó «con ampliación de capital, entregándose en esta ocasión en relación con la solvencia de la prestataria un certificado de la Dirección General de Trabajo». Y como tampoco se hizo frente al pago por la empresa, al final, para amortizar el préstamo, la Consejería de Empleo acabó contratando un seguro colectivo de rentas de prejubilación, en la que había dos beneficiarios: un miembro de la familia Ruiz Mateos y la Caja Rural de Granada. Esa póliza fue rubricada el 1 de abril de 2007.

La fiscalía consideraba que los investigados -que han quedado libres de toda sospecha, pues el auto es firme- podrían haber participado «en un instrumentación ideada» con el fin de conseguir que la referida entidad bancaria consiguiera que se amortizara el préstamo que la misma había concedido a Dhul.

Eran dos los posibles delitos que el ministerio público apreciaba de forma indiciaria en los hechos: prevaricación y malversación. Sin embargo, la Audiencia concluye que «ninguno de los dos escritos de la Fiscalía Anticorrupción describe conductas de los apelados que permita apreciar sin ningún genero de duda su participación» en esos ilícitos.

El auto resalta que no se atribuyen conductas concretas a los directivos de la entidad «con posibilidad de influir en la toma de decisiones por parte de los posibles autores directos de la prevaricación y la malversación».

«Desde luego, -añade- no son base suficiente para sustentar una acusación razonable que directivos de la entidad bancaria sostuvieran reuniones con representantes de la Junta, que no consta que superasen el nivel del entonces director general (...) o se interesaran ante ellos por la suerte de la subvención hasta finalmente firmarse la póliza en cuestión».