Interior de la fábrica clandestina. Ideal

Suspenden el juicio por la ausencia de varios acusados en el caso de la fábrica ilegal de tabaco en Granada

La Fiscalía ha pedido penas de 14 años de prisión para un ciudadano español y otro ruso a los que sitúa en lo más alto de la organización

Carlos Morán

Granada

Lunes, 15 de enero 2024, 12:26

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha suspendido este lunes el juicio previsto por «la instalación, puesta en marcha y explotación de ... una fábrica ilegal de tabaco ubicada en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida», concretamente en Ventas de Zafarraya, al no personarse varios acusados y testigos. Se había previsto la celebración del juicio, después de que las acusaciones pidieran la suspensión del mismo de este caso en el que hay otros once procesados, que se enfrentan a peticiones del fiscal de entre seis y once años de cárcel, y en el que también acusa la Abogacía del Estado, que proponía esta medida a la que se sumaba la Fiscalía y posteriormente todas las defensas.

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La Fiscalía ha pedido penas de 14 años de prisión para un ciudadano español y otro ruso a los que sitúa en lo más alto de la organización. La Audiencia ha puesto igualmente en busca y captura para su ingreso en prisión a uno de los procesados al que no se ha podido citar para el juicio, que volverá a ser señalado en fecha aún por determinar. Hay tres acusados declarados en rebeldía, según han detallado a Europa Press las mismas fuentes.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, estos diez españoles, junto con el ciudadano ruso, y otros dos de nacionalidades ucraniana y sudafricana, se habrían puesto de acuerdo en 2017 para desarrollar sus operaciones entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada a fin de «obtener beneficios económicos ilícitos» con la citada fábrica de tabaco de contrabando, dentro de una nave que habrían hecho pasar por agrícola junto a la carretera A-402.

Ahora, los presuntos promotores de la fábrica delictiva, trece sospechos (diez de ellos españoles, un ruso, un sudafricano y un ucraniano) tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Granada para responder por los cargos de pertenencia a organización criminal, contrabando y vulneración de los derechos de los trabajadores.El ministerio público solicita para ellos penas que, en los casos más graves, alcanzan los catorce años de prisión y el pago de multas de cuatro millones de euros.

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El caso salió a la luz pública en diciembre de 2017 tras una serie de registros planeados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (una unidad de élite del instituto armado encargada de la persecucion de bandas criminales y de las investigaciones particularmente complejas). «La puesta en funcionamiento de la fábrica ilegal de tabaco fue advertida a partir del segundo semestre del año 2017 por los agentes de la UCO, de tal manera que, el día 5 de diciembre, se practicaron numerosas entradas y registros judicialmente acordados tanto en los domicilios de los investigados como en la fábrica de Pilas de Alagida, (...) decomisándose numeroso aparataje, maquinaria, vehículos, embalajes y tabaco en diferentes formas«, relata la fiscalía cómo se desmantelo la factoría ilícita.

La operación fue coordinada por Europol a través de su oficina móvil. En la fábrica de Granada se invirtieron –según los cálculos de la Guardia Civil– cerca de tres millones de euros para su puesta en funcionamiento y la intervención se saldó con la confiscación de diez toneladas de hoja de tabaco, cuatro toneladas de picadura de tabaco y 4,5 millones de cigarrillos. La instalación clandestina asumía, supuestamente, todo el proceso de elaboración del tabaco, desde la recepción de la hoja, picadura, confección de los cigarrillos, creación de las cajetillas completas, composición de los palés y posteriormente su distribución.

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La redada contó con la colaboración de State Border Guad Service de Ucrania, EUBAM, Policía del Ministerio de Interior de Bulgaria, Policía de Fronteras de Rumanía y Policía de Grecia.

La condiciones de trabajo en la fábrica ilegal de cigarrillos recordaban a las que soportaban los esclavos negros en las plantaciones de tabaco norteamericanas. Los empleados estaban prácticamente 'presos' durante la jornada laboral. Como la factoría era clandestina, los 'patronos' cerraban las salidas de la nave, lo que impedía que los operarios pudieran escapar al exterior en caso de incendio u otro siniestro. Además, cobraban entre 500 y 700 euros mensuales por estar diez horas diarias elaborando pitillos y, por supuesto, no estaban dados de alta en la seguridad social. De hecho, procedían de países del este de Europa y carecían de cualquier tipo de documentación para desarrollar una profesión en España.

EP

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