Del Río: «Es de suma urgencia que la justicia en España se vea reforzada institucionalmente»

Uno de los enviados la noche de este jueves por el máximo representante de los jueces en Andalucía, que ha usado un tono más optimista que en otras ediciones, ha ido directo al poder ejecutivo ante la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi cuatro años.

Si el pasado día 7, el presidente del Tribunal Supremo y del propio CGPJ, Carlos Lesmes, instó a desbloquear su renovación durante el acto de apertura del año judicial a nivel nacional, Del Río no se ha quedado atrás. «Es de suma urgencia que la justicia en España se vea reforzada institucionalmente, de una vez y para siempre», ha espetado.

Y es que para el presidente del alto tribunal, aunque «el daño ya está hecho» y se traduce en «una irrebatible visualización de la fragilidad del poder judicial en España» y de su supeditación en el plano gubernativo «a los vaivenes de la confrontación política», hay que «revertir» la situación. Así ha instado a encontrar ya una fórmula que destierre este asunto de la pugna entre partidos. «Es vital alcanzar un consenso», ha manifestado.

En el plano autonómico, la palabra modernización ha retumbado en el Palacio de la Real Chancillería. Del Río ha reclamado seriamente su impulso en este nuevo curso judicial, que, ha dicho, debería «ser un año de esperanza».

Aunque no ha dudado en reconocer su escepticismo «a la hora de sopesar posibilidades futuras de mejora», Del Río ve en este «nuevo tiempo» con el «nuevo Gobierno andaluz» una «nueva oportunidad». Ya son siete los consejeros de Justicia que ha conocido desde su nombramiento, «y la realidad -ha dicho- es que la justicia andaluza sigue a medio camino».

Por eso ha brindado expresamente su «leal colaboración» al nuevo consejero de Justicia, José Antonio Nieto, aprovechando que estaba entre los asistentes al acto.

Así, pese a ser consciente de que se presenta «un año jalonado de dificultades y obstáculos» por la crisis social, económica y energética «agravada por la injusta guerra en Ucrania», el presidente ha confiado en que prosperen las reformas procesales «en ciernes».

En ese terreno de leyes y cambios, ha aludido expresamente al proyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y ha dicho esperar que permita instaurar por fin «un modelo de organización judicial colegiado».

También se ha referido al proyecto de ley de Eficiencia Procesal, que desplegará medidas de agilización, al tiempo que ha tildado de «singular relevancia» la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la «transformación profunda» que necesita el proceso penal.

En esa necesaria metamorfosis de la justicia penal hay, como ha indicado, que acabar con la «sobredimensión temporal del periodo de investigación», concentrar trámites y suprimir prácticas que dilatan los procesos. En este punto, ha recordado que las dilaciones indebidas son eso: indebidas, «y suponen un empobrecimiento democrático incuestionable».

En este punto, ha incidido en la necesidad de que «la justicia salga de la contienda política» y se convierta realmente en una cuestión de Estado, en una prioridad política, «alejada de potenciales réditos electorales».

Para Del Río, aparte de esas reformas legales, la justicia necesita «reformas estructurales serias» y, en este contexto, ha calificado de «fundamental» el impulso del desarrollo de nuevas tecnologías, la mejora de las infraestructuras judiciales y una eficaz gestión de los recursos humanos.

Para lograr esos objetivos, el TSJA considera «imprescindible e inaplazable» que la Consejería de Justicia «garantice una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos», la cual pasaría por «una reordenación de efectivos» o lo que es lo mismo: adecuar las plantillas a las necesidades de los órganos judiciales. También espera que el departamento de Nieto avance en la digitalización de la justicia, aprovechando los fondos europeos y, por supuesto, que mejore las infraestructuras judiciales.

En este apartado no se ha olvidado Del Río de hablar en primer lugar de Granada, que, según ha dicho, está «pendiente de decisiones estratégicas». Basta con recordar que los operadores jurídicos crearon el año pasado incluso una mesa para exigir soluciones a la dispersión de sedes existente en la ciudad.

Y tampoco se ha olvidado el presidente de elogiar el trabajo y esfuerzo de sus compañeros. Los más de mil jueces que manejan el mazo en la comunidad andaluza, son «honestos» y «actúan con integridad y recta conciencia», ha garantizado el presidente.

Así, tras recordar que el año pasado dictaron más de 300.000 sentencias y resuelto más de 1.239.000 asuntos, ha enfatizado que la tasa de resolución fue superior el año pasado. Pese a ello, la litigiosidad sigue siendo muy elevada y hay que mejorar los tiempos de respuesta, por lo que, en su opinión, la justicia «seguirá estancada».

«Somos un poder del estado con más voluntad que medios, con recursos insuficientes y graves déficits, donde se mantiene un sistema de trabajo obsoleto y poco eficaz», ha señalado antes de despedirse y volver a apelar al compromiso y voluntad de los dirigentes. Y, en definitiva, al consenso político.

Tanto Del Río como la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, mostraron su pesar en sus intervenciones por el fallecimiento este mismo jueves del fiscal de la Fiscalía Superior Alberto López López.