Los Retamero Morales logran que el juzgado declare nulo y abusivo el interés en su hipoteca pero perderán su casa

Su situación financiera les obligó a aceptar acuerdos repletos de cláusulas suelo «abusivas», comisiones, intereses de demora del 20%, y un pesado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios sustitutivo del Euríbor. La entidad acreedora instó un procedimiento de ejecución hipotecaria y esa amenaza les pesa. Les reclamaban hasta 53.298 euros, aunque la entidad tendrá que calcular de nuevo la deuda. El juzgado de Primera Instancia Número 9 de Granada ha declarado en una sentencia el IRPH por primera vez desde la negativa del Tribunal Supremo a declarar nulo este índice. El tribunal, que estimó parcialmente la oposición a la ejecución hipotecaria de la familia, ha ordenado la sustitución de las cláusulas abusivas por el Euríbor más 0,50 puntos. La resolución se desmarca expresamente del criterio mantenido hasta la fecha por el alto tribunal, pero acuerda que la ejecución continúe con las condiciones modificadas.

El juzgado advierte, además, que no puede presumirse la buena fe de la entidad financiera por el mero hecho de que el IRPH sea un índice oficial, puesto que el banco ocultó sistemáticamente los elementos clave del mismo —su base de cálculo, su naturaleza como TAE compuesta, y su efecto comparativo frente al Euríbor— en un claro incumplimiento de sus deberes precontractuales de información. Ahora el abogado de la familia, Josetxo Salto Masáts, abogado del despacho Jardo y Sola, tratará de ganar tiempo. Va a recurrir la decisión del tribunal a la Audiencia, aunque está a la espera de la reestructuración de la deuda por la entidad bancaria, que transmitió la casa a un fondo buitre.

«Lo más grave del caso es que las cláusulas en cuestión no solo se repiten a lo largo de varias novaciones contractuales, algunas encubiertas como simples ampliaciones de capital, sino que la entidad llegó a imponer un IRPH incrementado sin ofrecer explicación alguna de su cálculo, omitiendo además la advertencia del Banco de España sobre la necesidad de aplicar un diferencial negativo para equipararlo a las tasas del mercado», lamenta el letrado. «La entidad bancaria ha rechazado todos y cada uno de los intentos de negociación, manifestando haber cedido el crédito a un fondo buitre, presuntamente», explica el abogado.

«Un día en esta casa es un día más de vida para mi familia. En seis años lo vamos a perder todo. La pandemia nos afectó muchísimo a la economía. Encima nos quieren quitar la casa», lamenta Marco Retamaro Dasilva, de 52 años. «Tuvimos que tomar decisiones difíciles. No podíamos mantener a flote nuestro negocio, cambiamos incluso a uno más pequeño y el furor de la apertura duró dos días. Cuando ya estábamos hasta arriba de deudas por haber estado cerrados», comenta.

En ese piso viven también Gemma Morales, su mujer, uno de sus hijos, Marco, Andrea, nuera de las cabezas de familia, y un menor de cinco años. Todos ellos depende de la cafetería, que lleva ya 22 años abierta en su barrio. La situación financiera afecta a los miembros de la familia, que sufren crisis de ansiedad. En el caso de Gemma, esas dolencias derivan en crisis epilépticas. Cuentan también con apoyo financiero por parte de una de sus hijas, que se ha pluriempleado. Sin embargo, no es suficiente para saldar la deuda.

La familia no tiene otra alternativa habitacional. Si no logran conservar su casa, tendrán que irse de alquiler. Pero el mercado inmobiliario está «por las nubes»

A la espera de un «milagro», aunque sea judicial, viven atosigados entre llamadas del fondo buitre. A juicio del abogado, este auto abre una esperanza real y fundada para miles de consumidores que aún sufren los efectos de préstamos referenciados al IRPH sin transparencia, especialmente en una coyuntura social donde muchas familias siguen recuperándose del impacto económico pospandemia.

Salto Masáts considera que la sentencia del tribunal granadino es un aviso claro a las entidades defensoras del uso del IRPH en su cartera de hipotecas, que no podrá seguir amparándose en la jurisprudencia del Supremo mientras se desentienda del deber de información y del «desequilibrio notorio» que ha generado con sus condiciones contractuales, incumpliendo de forma sistemáticamente los principios de buena fe contractual, transparencia y equidad.

Este medio se ha puesto en contacto con la entidad bancaria para conocer su versión de los hechos sin haber obtenido respuesta.