520 restaurantes y hoteles de Granada inician una batalla legal para reclamar pérdidas al Gobierno
En las demandas los negocios acreditan un lucro cesante de entre 40.000 y hasta 800.000 euros por el cierre durante el estado de alarma
«Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en ... su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes». A este artículo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, se han aferrado 520 empresas de hostelería granadinas para reclamar al Gobierno central el lucro cesante de sus negocios por el tiempo que estuvieron cerrados obligatoriamente.
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Los empresarios granadinos, con el respaldo de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, han iniciado una batalla legal en los tribunales para lograr que el Gobierno les indemnice, aferrados al fundamento jurídico de que han sido los «sacrificados por el bien común» en esta crisis del coronavirus.
Las demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, que se están preparando de forma paralela en distintos puntos de España, se han canalizado en Granada a través del bufete HispaColex, que lleva meses trabajando en los procedimientos. Se dirigirán contra el Gobierno para reclamar lo que estas empresas dejaron de ingresar desde el 14 de marzo al 18 de junio, esto es, durante el periodo del primer estado de alarma.
La prueba
HispaColex tiene ya elaboradas las primeras 182 reclamaciones administrativas previas y la previsión es culminar el total de 520 que tiene encargadas en la provincia de Granada para presentarlas en este mes de abril.
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El fundador y director del bufete granadino, Javier López y García de la Serrana, explica a IDEAL que la elaboración de las demandas está requiriendo un intenso trabajo de un equipo multidisciplinar de los departamentos jurídicos de derecho administrativo y de derecho de daños de este bufete, especializado en lucro cesante.
Y es que, según señala López y García de la Serrana, además de la fundamentación jurídica la clave para que salgan adelante será la correcta prueba del lucro cesante, que el bufete está acreditando con informes técnicos y periciales elaborados por economistas. La fórmula del cálculo, simplificada, ha sido la suma de los gastos fijos que cada negocio tuvo que abonar, pese a no haber podido desarrollar su actividad, más la media del beneficio comercial obtenido en los dos años anteriores, teniendo en cuenta otras diversas circunstancias individuales de cada establecimiento.
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IDEAL ha tenido acceso a varios de estos informes, entre ellos el de un restaurante de 200 metros cuadrados del centro de la capital que acredita a través de 62 folios con exhaustiva documentación el lucro cesante calculado a partir de los balances de sumas y saldos de los meses de marzo a mayo de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. En este caso concreto se perita un derecho de indemnización de 61.824 euros. El director de HispaColex señala que en estas primeras 182 reclamaciones concluidas las cantidades solicitadas son desiguales en función de las características de los establecimientos y oscilan, en términos redondeados, entre los 40.000 euros de un bar y los 800.000 euros de un hotel grande.
Directa al Supremo
Las demandas para reclamar pérdidas al Gobierno están siendo masivas en toda España. Tan solo a través de la firma Hispajuris, de la que forma parte HispaColex, que cuenta con más de seiscientos profesionales y 35 despachos en todo el territorio nacional, Javier López y García de la Serrana calcula que se podrán alcanzar los cinco mil procedimientos.
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La reclamación se dirige, por otra parte, exclusivamente contra el Gobierno central y no contra la Junta, que también ha impuesto restricciones y cierres de negocios durante esta crisis y se limitan al primer estado de alarma. Se trata de una estrategia para sortear juzgados y tribunales locales, ya que al ir dirigida la reclamación contra el Gobierno se dirimirá directamente en el Tribunal Supremo que puede sentar doctrina jurisprudencial al respecto.
Una vía de presión ante la decepción de las ayudas
A falta de confianza en la efectividad de las ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno, los hosteleros granadinos tienen puestas sus esperanzas en los tribunales y en que las demandas van a prosperar. También son conscientes de que no se van a resolver a corto plazo ni con la urgencia que necesitan para insuflar oxígeno a sus negocios. «Nuestros juristas nos han explicado que es una demanda a muy largo plazo que probablemente no se resolverá en España, habrá que ir agotando vías y acabaremos en Estrasburgo pero tiene muchísimas posibilidades de salir adelante», resume Gerardo Castilla, presidente de la Asociación de Hospedaje de Granada, integrada en la Federación provincial de Hostelería. La cuestión, según destaca Castilla, es si en esta situación los hoteles que llevan un año cerrados, con facturación cero y soportando a pulmón todos los gastos fijos, podrán seguir resistiendo.
La demanda es, en este sentido, una medida de presión para que el Gobierno «rectifique y atienda las necesidades» de un sector con ayudas directas efectivas. «El Estado puede paralizar un sector por interés general pero tiene que indemnizarlo. Esto viene recogido en la Constitución española y la Europea. Las empresas tienen que se socorridas y esto no se ha hecho en España, que es el país de la UE que menos ha ayudado a sus empresas», lamenta Castilla.
El presidente de la Asociación de hospedaje es muy crítico con el rescate que ha articulado el Gobierno y los requisitos que se van a imponer para acceder a estas ayudas que a todas luces considera «insuficientes».
En primer lugar, recuerda que muchas empresas se quedarán fuera por la exigencia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con Hacienda y la Seguridad Social, ya que después de un año sin facturar han acumulado deudas.
Además, Castilla cree que estas ayudas deberían haberse enfocado específicamente al sector turístico, el más castigado. «Estamos hablando de que llevamos un año sin facturar. Si hubiéramos dejado de vender un 30% como otros sectores que pueden acceder a las ayudas, nosotros no estaríamos ni pidiéndolas, nos hubiéramos ajustado», incide. «Si a Andalucía vienen mil millones, saldríamos a dos o tres mil por empresa, es irrisorio», critica.
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