El 'regalo envenenado' de los fondos Next Generation para Granada

Sin embargo, más de un año después, la ilusión pende de un hilo. El problema radica en las limitaciones que imperan sobre los consistorios que, como el nazarí, están bajo un plan de ajuste. La mala situación de las arcas municipales obligó al Ayuntamiento hace una década a acogerse a un programa planteado por el Ejecutivo de Rajoy que permitía endeudarse a largo plazo para abonar las facturas pendientes a los proveedores.

La medida buscaba resolver el problema que la crisis de 2008 había generado y que tenía en el filo del abismo a numerosas empresas que trabajaban con el Consistorio. A cambio, el Ayuntamiento se vio obligado a comprometerse a una regla de gasto que impide que se financie con operaciones de crédito a largo plazo para acometer inversiones.

La pandemia no vino sino a redoblar el estrangulamiento económico del Consistorio, que en 2019 se vio obligado de nuevo a acogerse a otro programa de Hacienda de refinanciación de deuda para evitar la intervención de las cuentas municipales. Como Granada, muchos municipios exigieron al Gobierno que suspendiera las reglas fiscales impuestas por los planes de ajuste.

El Consejo de Ministros acordó hace un año la eliminación de las restricciones para estos ayuntamientos en los ejercicios de 2020 y 2021. En julio pasado, el Ejecutivo volvió a aprobar esta medida para 2022, lo que suponía que Granada pudiese cerrar créditos a largo plazo para obtener fondos con los que impulsar inversiones. Sin embargo, ambos acuerdos chocaron con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda el pasado 1 de febrero. Ese día emitió una nota informativa que dejaba a las claras que los consistorios en una situación como el de Granada –esto es, con operaciones pendientes de abonar de los programas para pagar a proveedores y con un remanente de tesorería negativo en su última liquidación presupuestaria– no podrían financiar inversión con crédito a largo plazo.

Ante las dudas generadas, Granada, como otros ayuntamientos, elevaron consultas el pasado mes de septiembre a Hacienda. Querían conocer qué primaba. Los dos acuerdos del Consejo de Ministros ratificados por el Congreso o la nota informativa. Fuentes municipales aseguran a este periódico que el ministerio ya ha contestado a otros ayuntamientos que la vigencia de las restricciones de los planes de ajuste podrían dificultar a las localidades el acceso a los fondos europeos Next Generation.

Asimismo, ha reconocido que, por parte de la Secretaria General de Financiación Local, se están estudiando diferentes opciones para ayudar a los consistorios sin remanentes. Las soluciones podrían llegar, según remarcan las fuentes consultadas, por la modificación del Real Decreto de 2012 que sustentó que los municipios pudieran refinanciar la deuda para pagar a los proveedores o mediante la inclusión de una disposición en la Ley de Presupuestos.

Para Granada, la cuestión es vital. En estos momentos, el Ayuntamiento ha presentado proyectos a al menos cinco de las convocatorias de ayudas europeas. En ellas se establece que el IVA no es un gasto subvencionable y se deja ver que aquellas ciudades que puedan financiar un porcentaje mayor del coste obtendrán una mejor puntuación.

Como informó este periódico, ha pedido 14.951.218 euros para impulsar iniciativas en materia de transporte, 2.313.594 euros para medidas de apoyo de los mercados, 860.286 euros más para mejorar la competitividad de los sectores del comercio. En total, 18,1 millones que de ser aprobados obligarían al Consistorio a poner 5.513.924 euros. El Ayuntamiento también ha pedido alrededor de cuatro millones de euros para proyectos de renaturalización, una convocatoria cuya máxima cofinanciación es del 95%. Fuera quedarían otros programas de ayuda como el de sostenibilidad turística por el que el Consistorio ha recibido casi tres millones por los que no tendrá que aportar nada.

La realidad de Granada es que no podría afrontar esta inversión si Hacienda no ofrece una solución. Con otras muchas convocatorias europeas por salir se espera que la parte a cofinanciar por el Ayuntamiento se incremente. Con la limitación actual, el Consistorio solo podría poner el dinero necesario si lo incluyese en el presupuesto –lo que obligaría a importantes recortes en unas cuentas ya de por sí exiguas– o acudiendo a la venta de patrimonio –lo que impediría al mismo tiempo financiar obras ya comprometidas en programas como el Plan Alhambra o los fondos Edusi–.

«Se estaría vistiendo a un santo para vestir a otro», cuestiona el edil de Unidas Podemos, Paco Puentedura. El edil considera que la situación actual no pone en pie de igualdad a todos los ayuntamientos. «Los que están peor tienen un handicap mayor y, por tanto, se estarían incumpliendo los objetivos del plan de resiliencia, que busca sostenibilidad social, ambiental y económica», mantiene.

«Nosotros exigimos que el Ministerio de Hacienda, cuanto antes, tiene que modificar la normativa del RD 4/2012 para permitir que ayuntamientos como el de Granada puedan financiar los proyectos europeos y abonar su parte mediante operaciones de crédito a largo plazo para inversiones», demanda Puentedura, que contempla «con esperanza» el mensaje que el ministerio está trasladando a los municipios que elevaron consultas. Sin embargo, recuerda que debe actuar «con celeridad» porque los ayuntamientos «están ya presentándose a las convocatorias y existe la posibilidad de que se autolimiten si las condiciones no están claras».

La confluencia está dando ya pasos hacia esa reclamación. Semanas atrás, el edil mantuvo una reunión con el representante de IU en la FEMP, Pedro del Cura. «Se comprometió con nosotros a trasladar esta situación a los órganos de la FEMP con objeto de que presione a Hacienda a la hora de modificar la normativa y hacer posible que ayuntamientos como el de Granada puedan ir a las convocatorias con total tranquilidad y garantías», afirma.