Recurrirán la sentencia que avala la ruptura de la UGR con Israel

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada, bajo la dirección del juez Rafael Rodero Frías, ha desestimado el recurso contra el acuerdo del consejo de gobierno de la Universidad de Granada del 17 de mayo de 2024, que suspendía la colaboración científico-técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes.

En un comunicado, Acom ha anunciado este martes que «actuará en consecuencia e interpondrá la apelación», ya que considera la sentencia «confusa y basada en decisiones de la ONU ajenas al ordenamiento jurídico español, evidenciando un profundo desconocimiento del derecho internacional público por parte del magistrado».

A juicio de esta organización, la decisión del juez «contradice las conclusiones del Ministerio Fiscal, que respaldó la postura de Acom al señalar una posible vulneración de derechos fundamentales».

«El ordenamiento jurídico español ha sido claro en otras ocasiones respecto a la discriminación contra los judíos. Que esta sentencia no siga esa línea demuestra que el juez, D. Rafael Rodero Frías, ha cedido ante las presiones de grupos extremistas y violentos en Granada», lamenta la asociación, que se define como «una organización española, aconfesional e independiente que refuerza la relación entre España e Israel a través del trabajo conjunto con el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil».

En el comunicado, el presidente de Acom, Ángel Mas, se muestra convencido de que finalmente la Justicia les dará la razón. «Recurriremos esta sentencia y la ganaremos. No hay duda de que el juez ha cedido a la presión de grupos radicales y ha dictado una resolución que discrimina a los judíos y vulnera la Constitución Española», ha afirmado.

«Confiamos en que los tribunales superiores impartirán justicia, revocando un acuerdo claramente discriminatorio y anticonstitucional», finaliza el comunicado.

Acom ha logrado victorias judiciales con otros recursos similares. El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona anuló el pasado mes de noviembre la declaración institucional que el pleno municipal de la capital catalana había aprobado un año antes, con los votos a favor del PSC, Comuns y ERC, por el que suspendía sus relaciones con el estado de Israel hasta que hubiera un alto al fuego definitivo en Gaza.

Tras la denuncia interpuesta por Acom la pasada primavera, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada emitió el 14 de junio un auto en el que ordenaba la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Gobierno de la UGR, para evitar los perjuicios que podía ocasionar en tanto se dictaba sentencia.

Sin embargo, días después el juez dejó sin efecto ese auto para escuchar las alegaciones de la Universidad, cuyo gobierno le informó de que en aquel momento no se estaban celebrando cursos de verano y no había ciudadanos israelíes solicitantes de estancias en Granada ni viceversa. «No podemos entender que existan intereses generales ni de personas afectadas que justifiquen la suspensión», alegaba la UGR.

En otro acto dictado el 18 de julio, el juez estimó parcialmente la solicitud de Acom y mantuvo la medida cautelar de suspensión del punto 5 del acuerdo de consejo de gobierno, que establecía la prohibición de que personal de centros israelíes explotase infraestructuras científicas de la UGR y la suspensión de las estancias de investigación.