Apertura del curso político-judicial

Este año, el acto tiene inevitablemente una lectura política en un país donde todo se generaliza. Si todos los empresarios son ladrones; los políticos, unos corruptos –algunos, también unos ladrones–; y los periodistas, unos mentirosos; tampoco deben extrañarse los jueces si pretenden reducirlos al brazo armado de algún partido político.

Recupero algunos párrafos del discurso de Lorenzo del Río. «La justicia sigue siendo la gran olvidada y el ciudadano la percibe lenta, anticuada y politizada. (...) Tiene una especial incidencia el conjunto de fenómenos que se vienen produciendo últimamente y que han dado lugar a descripciones como la 'judicialización de la política', cuyo corolario lógico es la 'politización de la justicia', con figuras añadidas como el llamado 'proceso paralelo', de forma que observamos el permanente, y casi inevitable, protagonismo político de la judicatura».

Nota a pie de párrafo: el fragmento está sacado de la primera intervención de Lorenzo del Río como presidente del TSJA en el acto de apertura del curso judicial, en septiembre de 2011. Tan actual.

Que el Poder Judicial haya alertado desde hace décadas de la pérdida de confianza, la politización y la falta de medios sin que se solucione pone en cuestión la solidez de un Estado democrático. Del Río insistió el martes, con frases que se han convertido en un corta y pega de los discursos anteriores. «La división entre los partidos se sigue trasladando al ámbito de la justicia y dificulta la perspectiva de acuerdo para aprobar legislativamente reformas todavía pendientes». Reprochó el «constante etiquetado del juez» –algunos tampoco lo disimulan en exceso–; o que desde sectores políticos se insinúe sin demasiados sobreentendidos que los magistrados actúan en función de preferencias políticas o ideológicas. «No puedo dejar de señalar el coste que ello supone para la credibilidad y confianza en la Justicia, lo que hace aún más incomprensibles e injustificadas declaraciones públicas de responsables institucionales con amplia repercusión mediática, claramente impropias de un Estado de Derecho avanzado». Estuvo Lorenzo del Río sobrio en el tono, pero más contundente que en otras ocasiones; y sus compañeros lo felicitaron.

Tampoco esquivó la actualidad la fiscal superior, Ana Tárrago, con una exposición ágil –leyó menos de lo habitual– y enérgica en algunas frases. «Quienes formamos parte de la Justicia no podemos sino mostrar nuestra preocupación por la actual crisis institucional, que conlleva una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones que rigen nuestra sociedad; algo no estamos haciendo bien». En la parte improvisada, Tárrago rechazó las «injerencias» que llegan desde «dentro y desde fuera». Tampoco hay que elucubrar mucho para adivinar a qué –quién o quiénes– se refería.

Mientras tanto, los miembros del Consejo General del Poder Judicial presentes contenían el rictus. Acudieron tres. Según las 'etiquetas', dos progresistas por uno del bloque conservador.

La apertura del año judicial es el mayor acto institucional que se celebra en Granada, con dimensión regional –por estatuto–. Esta Granada que tanto reivindica el protagonismo histórico que, a veces, se le niega, tendría que defender con más fuerza la posición que ya tiene: ser la capital judicial de Andalucía.

Este año, la cita de la Chancillería tenía una dimensión extraordinaria por el contexto político y judicial. Por eso, las ausencias y las presencias eran relevantes. Me planteo –es una pregunta retórica– si el arrope de cargos públicos habría sido el mismo de celebrarse este acto en Sevilla. Se comentó en los corrillos, con malestar resignado en la cúpula judicial.

Hubo representación de los principales cargos provinciales: alcaldesa de la capital, presidente de la Diputación, delegado del Gobierno de la Junta y el subdelegado. Estuvo a la altura institucional José Antonio Montilla, aunque sabía que muchos de los mensajes no serían de su agrado. Entre las ausencias en un acto regional, apunté en la libreta la del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. En los primeros lugares del protocolo se situó la parlamentaria granadina de Vox Cristina Jiménez, como vicepresidenta de la Mesa del Parlamento. Lugar que el PP podría haber ocupado de haber venido –como en otras ocasiones– el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre. Sí acudió –obvio– el consejero José Antonio Nieto, que tiene marcados los plazos para las obras de la Ciudad de la Justicia en el Cubo, con el inicio en 2026.

Antes, el edificio acogerá la segunda edición de los premios de Justicia de Andalucía. Y es de esperar que con un conocido magistrado granadino –aunque no naciera en esta provincia– entre los galardonados.

Quedo con el rector, Pedro Mercado, para charlar con sosiego pasada la polémica por el grado de IA. Ahora lo entiendo todo; pero no comprendo nada. Hablamos de la utilización de cualquier debate para extraer réditos políticos. «La Universidad tiene que estar al servicio de la sociedad», defiende su esfuerzo por esquivar, a menudo, la pretensión de usar a la UGR con fines partidistas.

Pasar página es también avanzar al capítulo siguiente. Me lo dijo con la afrenta aún caliente, una tarde del mes de julio cuando el verano todavía no nos había decepcionado. Granada, sacaría beneficios de lo sucedido. Esta semana se ha confirmado la entrada en la red internacional de computación cuántica.

Me llama el consejero Antonio Sanz. Habrá más anuncios de aquí a noviembre por parte de la Junta.

Loli Cañavate presenta el jueves los planes de futuro de Fermasa, que genera un impacto de sesenta millones de euros anuales en la provincia. Anoto en la libreta la reflexión de la alcaldesa de Armilla: «Hago un llamamiento a todas las administraciones públicas para trabajar juntas. Que evaluemos si nuestra actuación es lo que los ciudadanos reclaman». Me gusta cuando los políticos hacen estas reflexiones en voz alta. Y mucho más si se dieran por aludidos.

Loli celebra que la feria de muestras, por primera vez en casi treinta años, ha alcanzado la deuda cero. En el café hablo con el ahora parlamentario andaluz Gerardo Sánchez. Me cuenta que era concejal cuando el Ayuntamiento de Armilla se quedó en el año 98 con Fermasa; cuando el banco y las instituciones accionistas quisieron desprenderse de unas instalaciones que parecían ruinosas. La compra de las acciones se realizó por una peseta a cambio de asumir la deuda pendiente. Nadie llevaba calderilla en el bolsillo y Gerardo aportó esa moneda. Salió rentable. Aunque él perdiese una peseta.

Se producirá mañana lunes, en el Palacio de Congresos. Están citados representantes de los 174 municipios de la provincia para firmar en bloque la adhesión a la Capitalidad Cultural. Intervendrán Víctor Medina, responsable técnico del proyecto;el presidente de Diputación, Francis Rodríguez;y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Primero suscribirán el documento en un 'parlamento' montado en el hall y después se producirá una foto histórica en las escaleras.