El 'procés' de La Tahá de Pitres

Además de contarlo Marcelo Avilés (PP), una sentencia reciente del Tribunal Supremo apunta hasta donde ha llegado el fiasco de este municipio granadino. El Alto Tribunal ha condenado a la que fuera concejala, alcaldesa y tesorera, María del Rosario Fernández (PSOE), y a Domingo Sánchez Téllez, secretario –nombrado prácticamente a dedo, sin ser funcionario de carrera– y exalcalde socialista de Atajate, un pequeño pueblo en la Serranía de Ronda; ambos, por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental. En el caso de la exalcaldesa, a seis años de inhabilitación y a un año y ocho meses de prisión. Para el exsecretario, cinco de inhabilitación y un año y medio de cárcel. A ambos les aplica el atenuante de dilación indebida, por el tiempo que han tardado en resolver la causa los distintos juzgados por los que ha pasado. Y a Domingo, la de confesión, porque cuando la cosa se puso fea contó todos los tejemanejes. El Supremo envía la documentación al Tribunal de Cuentas para que sea este órgano el que cuantifique el perjuicio económico, igual que procedió en la sentencia –así lo cita– 459/2019. Es decir, la del 'procés'.

Al tiempo que el Tribunal de Cuentas tendrá que calcular el coste de las decisiones de Puigdemont o Junqueras, también analizará el préstamo que renovaron Rosa y Domingo en el Ayuntamiento de La Tahá. Por contra, queda fuera de la condena el alcalde histórico del municipio, que firmó originalmente la póliza de la que ha derivado todo. El fallo habla de un plan ideado para lograr una «financiación ilegal» del Ayuntamiento al margen de «toda normativa municipal».

Todo se destapa en 26 de junio de 2012. Ese día, Domingo relata al nuevo alcalde la operación del préstamo porque conocía que la fiscalía acababa de abrir una investigación. Al nuevo regidor, Marcelo Avilés, no le cuadraban las cuentas. De hecho, una auditoría realizada por la Diputación había cuantificado en julio de 2011 una deuda del Ayuntamiento con proveedores de 388.459 euros y 1.364.047 con entidades financieras. Cómo era posible semejante agujero en un municipio que ni llega al millar de habitantes.

No existía contabilidad en el Ayuntamiento, el último presupuesto tenía una década y no había sido ni aprobado ni liquidado, y entre 2004 y 2007 no se habían puesto al cobro los recibos de agua, basura y alcantarillado, según se relata en la sentencia. El causante de la quiebra era –indirectamente– el instituto del pueblo. La Junta acordó en 2004 una subvención de 1.899.876 euros en cuatro anualidades para financiar el 100% de la construcción. Fue entonces cuando el Ayuntamiento firmó una operación de crédito con La General para anticipar ese dinero mientras la Consejería de Educación pagaba. Una operación que «supera con creces los posibles porcentajes admisibles de endeudamiento según porcentajes de ingresos y duración de las operaciones». La Junta ingresó en distintas entregas la ayuda del instituto y parte se dedicó a amortizar el crédito. Pero la póliza injustificadamente se siguió renovando.

El instituto está hecho, el gobierno andaluz pagó, pero en la cuenta que ahora pertenece a Bankia había, según consulta del pasado 7 de febrero, un saldo negativo de 1.096.094 euros. La sentencia del supremo recoge que hay un millón de los cargos en las cuentas de La Tahá que no está «justificado documentalmente, desconociéndose el destino dado por el Ayuntamiento».

Según el Tribunal Supremo, María del Rosario Fernández y Domingo Sánchez idearon un método «al margen de toda normativa municipal» para conseguir «financiación ilegal» en un Ayuntamiento ahogado por las deudas. «Tras recibir los distintos importes de la subvención de la Junta, no se acuerda la línea de crédito, sino que se va prorrogando con objeto de seguir obteniendo financiación ilegal y, por ello, son necesarias certificaciones falsas».

El Supremo ha abierto la puerta a que la indemnización por responsabilidad civil sea mayor, una expectativa que celebra José María Ruiz, el abogado que ha llevado el proceso, del despacho Ruiz Travesi Castillo. Hay aún un proceso abierto por el que Bankia reclama una cantidad millonaria por el préstamo impagado del 'procés' de La Tahá.

«Todos saben dónde está el dinero pero nadie lo va a decir. Diré siempre que esto ha sido un robo», concluye el alcalde.