Esperan que el Gobierno deniegue el indulto al conductor condenado tras el accidente mortal de Huétor Santillán en 2008

Los padres de los fallecidos, de 15, 17 y 22 años, han reconocido que el nuevo gobierno central no ha cambiado su situación, aunque concederán un plazo de cien días para saber si el Consejo de Ministros resuelve la petición de indulto impulsada por el conductor responsable del accidente, que fue condenado a tres años y tres meses de prisión por el siniestro.

El progenitor de una de las víctimas mortales y portavoz de las familias, Manuel Hidalgo, ha explicado a Efe que hace casi cuatro años que la Audiencia de Granada informó favorablemente a la petición de indulto del condenado y ha detallado que las fuentes consultadas por las familias han expuesto que es «muy extraño» que una petición de indulto se demore tanto.

El conductor condenado por el accidente fue indultado por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón, un proceso que fue revocado por el Tribunal Supremo.

Las familias afectadas dirigieron entonces un duro escrito al exministro Rafael Catalá y estudiaron elevar la causa hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo para cerrar un proceso que creen que se ha extendido demasiado en el tiempo.

El portavoz de los padres ha reconocido que confían en el cambio de dirigentes para que el Consejo de Ministros deniegue el indulto al conductor condenado por el accidente de los tres jóvenes, que hasta el momento no ha pasado un solo día en prisión.

El joven conductor fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada a dos años y medio de cárcel por su implicación en el accidente de tráfico que tuvo lugar en Huétor Santillán en el verano de 2008, en el que murieron tres jóvenes en una carretera limitada a 40 kilómetros por hora por la que circulaba a más de 120.

Tras ser apelada esa sentencia, la Audiencia elevó la pena a tres años y tres meses de cárcel y el condenado solicitó el indulto.

Las familias han adelantado que esperan que el indulto sea denegado para exigir en el mismo juzgado penal la ejecución de la sentencia condenatoria por la gravedad de los hechos.