Diputación incluye Motril y Granada en el plan de inversión

La diputada de Economía, Ana María Molina, destacó que la partida irá destinada a todos y cada uno de los municipios de la provincia y resaltó el compromiso del Gobierno de Francis Rodríguez «por una provincia que progrese y por una Diputación que sea una aliada directa de las corporaciones locales que necesitan una institución provincial fuerte y con capacidad para liderar el avance de Granada».

El grupo socialista se abstuvo en este punto porque aún no están definidas las obras que se financiarán con estos remanentes. Es más, la diputada de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, explicó que no estaba de acuerdo en gastar el dinero en una pasarela peatonal en Playa Granada (Motril), algo que inicialmente aparecía en el expediente y que había quedado suprimido antes de llegar al pleno.

El PSOE explicó que su abstención es fruto de «la falta de transparencia y de claridad del PP». «No nos ha explicado cómo va a repartir la Diputación el millón de euros que el gobierno provincial del PP ha sumado a los 11 millones de remanentes que dejó el anterior gobierno socialista».

En este sentido, el diputado Ismael Padilla criticó que el actual equipo de gobierno «no haya fijado el detalle de esa cuantía ni fijado previamente los criterios para su reparto ni los municipios a los que se dirige» y ha insistido en saber para qué es esa partida exactamente.

Asimismo, recordó que el objetivo de la Diputación y la responsabilidad de los diputados «es velar por que la institución cumpla con sus competencias, especialmente con los municipios más pequeños».

Esta defensa de los pueblos más pequeños también la aplicó el grupo socialista a la hora de defender su postura ante el nuevo impuesto estatal de vertederos, ante el que defienden que la Diputación debería hacer frente este primer año, «que coge de sorpresa» y también establecer algún tipo de bonificación para esos pueblos pequeños a los que financia el tratamiento de los residuos, un derecho ganado mediante sentencia judicial.

La diputada socialista, Flor Almón, insistió en que la Diputación, «que tiene capacidad económica», asuma la parte que los consistorios tienen que abonar este ejercicio, como hace la Diputación de Jaén, y ayude a aliviar la carga fiscal aportando la parte correspondiente que los pueblos menores de 5.000 habitantes tendrán que abonar».

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Antonio Mancilla, argumentó que se trata de un impuesto del Gobierno, que los municipios ya fueron informados y que la Diputación no hará frente de una tasa, que es diferente al tratamiento de los residuos de los pueblos pequeños.

En el pleno se aprobó por unanimidad la creación del Consejo Provincial de Pequeños Municipios Rurales, una iniciativa de la diputada Mari Carmen Pérez, del grupo de Izquierda Unida. La diputada resaltó la difícil situación de los 133 municipios de la provincia de Granada con menos de 5.000 habitantes, de los cuales 71 tienen una población inferior a 1.000 habitantes. «Estos municipios a menudo sufren de bajos ingresos medios y una alta incidencia de exclusión social, además de enfrentar problemas crónicos de transporte, infraestructuras, conectividad a internet y servicios públicos», apuntó la diputada de Izquierda Unida.