Proceso a una red empresarial por más de mil contrataciones y despidos fraudulentos
Creaban sociedades que disolvían al crecer la deuda con la Seguridad Social y traspasaban a los empleados a otra mercantil que acababa igual, según la fiscalía de Granada
El presunto fraude consistía en fundar empresas para cerrarlas en cuanto empezaban a tener deudas con la Seguridad Social por el impago de las cotizaciones ... de los empleados. Pero la cosa no quedaba ahí. Los pasos siguientes era constituir una nueva sociedad, traspasar a la plantilla a esa mercantil y volver a hacer lo mismo. Un círculo vicioso que acabó desactivado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía.
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Las cifras del supuesto engaño son mareantes: los acusados, una docena de personas, llegaron a realizar «1.225 movimientos de trabajadores, algunos de los cuales» estuvieron «de alta hasta en siete» compañías y la cantidad defraudada ascendió a 1.692.594 euros, según detalla la Fiscalía Provincial de Granada en el escrito en el que pide cinco años de prisión para cada uno de los procesados y el pago de una multa de 3.400.000 euros.
Hubo «1.255 movimientos de trabajadores, algunos de los cuales» estuvieron« de alta hasta en siete» compañías, dice el ministerio público
En cuanto a las empresas presuntamente implicadas en la trama, el ministerio fiscal solicita que abonen sanciones de cuatro millones de euros y la «pérdida de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante seis años».
De la capital granadina a Málaga
La red supuestamente delictiva comenzó a operar en Granada y posteriormente extendió sus actividades a la vecina provincia de Málaga, que fue donde se saltaron las alarmas.
En este sentido, la Udef recibió, «con fecha 21 de febrero de 2018», un comunicación, «procedente del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social», que requería a los expertos de la Policía «para el esclarecimiento de las supuestas irregularidades detectadas en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga realizadas por los acusados como administradores sucesivos de una serie de empresas».
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La investigación concluyó que los procesados, siempre supuestamente, se habían puesto de acuerdo «para eludir el pago de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social» y, «a medida que iban generándose deudas por esas cotizaciones respecto de trabajadores de diferentes empresas», daban de baja a los empleados, «creando otra nueva» compañía «donde les daban de alta para continuar con su actividad, eludiendo así el pago de las cotizaciones de dichos trabajadores a la Seguridad Social, cotizaciones que, sin embargo, sí deducían del salario de los mismos».
La sucesiva constitución de mercantiles se inició en «la ciudad de Granada y, posteriormente«, se extendió a »la ciudad de Málaga». El truco consistía en dar de alta a los contratados «por cortos periodos de tiempo». De esta forma, el crecimiento de la deuda con la administración no era demasiado abultado, lo que dificultaba su detección.
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Los empleados eran cambiados de «una empresa a otra sin su conocimiento» ni «autorización».
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