Procesan por un presunto delito de odio al exjuez que condenó a Juana Rivas

Conocido por sus controvertidas opiniones y por ser el togado que condenó a Juana Rivas por la sustracción de sus hijos menores de edad, ha sido procesado por el Juzgado de Instrucción 8 de la capital por la presunta comisión de un delito de odio contra los inmigrantes. La decisión ha sido comunicada en un auto de procedimiento abreviado, una resolución que acerca al exjurista a la celebración del juicio oral.

El instructor de la causa se ampara en la ley y la jurisprudencia para eludir mencionar concretamente el supuesto delito que se imputa a Piñar, pero en el apartado en el que describe los hechos recuerda que las pesquisas comenzaron tras conocerse unos mensajes del procesado en los que, presuntamente, explicitaba su animadversión hacía determinados grupos de extranjeros.

En este sentido, el caso tuvo su origen en una denuncia ante la Guardia Civil de Pinos Puente que derivó en unas diligencias previas, «resultando indiciariamente de las actuaciones subsiguientes practicadas que el investigado, por medio de su perfil en la red social Facebook 'Manuel Piñar Díaz', habría emitido determinadas manifestaciones, en condiciones de suficiente trascendencia y proyección pública, de contenido o alcance presuntamente despectivo hacia colectivos de migrantes o minorías étnicas», detalla el auto difundido por el letrado granadino Carlos Aránguez, que es el abogado de Juana Rivas y que ha tenido una relación salpicada de conflictos con Piñar. Pues bien, Aránguez anunció ayer su intención de ejercer la acusación particular y pedir la pena más severa que permita la ley si finalmente el exjuez se sienta en el banquillo.

En un primer momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Granada acordó desestimar la denuncia contra Piñar, pero la fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial, que, a su vez, ordenó reabrir el caso. En un auto y tras revisar los mensajes de la polémica presuntamente redactados por Piñar, la sala dijo que algunos de ellos contenían «epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países (gitanos, negros, moros, chinos), los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos».

Cuando fue llamado a declarar en calidad de investigado, ya en febrero de este año que está a punto de acabar, Piñar negó ser el autor de las publicaciones supuestamente delictivas que aparecieron en su perfil de Facebook y atribuyó su imputación a una «persecución».

Piñar se jubiló voluntariamente el pasado 29 de junio con 64 años, ocho antes de cumplir los 72, que es cuando los magistrados deben retirarse de forma obligatoria.