Los primeros afectados en Granada por el 'cártel del coche' logran indemnizaciones

Entre Granada y Almería se calcula que hay alrededor de unos 250.000 afectados por el conocido 'cártel del coche', como se denomina a la agrupación de distintas marcas del sector del automóvil que durante años tenían como objetivo principal el intercambio de información y que afectó al mercado fijando precios. El tribunal granadino reconoce que la homogeneización de las condiciones y planes comerciales de venta y posventa de los automóviles en España afectó desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013, fecha de la realización de las inspecciones citadas. En estos intercambios habrían participado 20 empresas distribuidoras de las marcas como Audi, Bmw, Chevrolet, Citroen, Fiat-Lancia, Alfa Romeo, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Chrysler, Jeep, Dodge, Saab, Seat, Skoda y Honda.

Los consumidores que compraron vehículos durante el referido periodo de cartel, pagaron un precio más elevado de lo que debían. Esta conducta ilícita de los fabricantes ha influido en la fijación del precio final de venta establecido por cada concesionario, según explica HispaColex, despacho que ha logrado el reconocimiento de sus reclamaciones en ambas sentencias en Granada. Para la formalización de esos acuerdos ilegales entre fabricantes se produjo un intercambio de información confidencial, comercialmente sensible. Y este acuerdo impidió que el consumidor se pudiera beneficiar de la competencia natural del mercado.

Ambos granadinos han logrado también el abono de los intereses legales desde la fecha de adquisición del vehículo. En el caso de Ford, donde el propietario debe ser indemnizado con 3.800 euros y el tribunal viene a reconocer una estimación íntegra de la demanda, concediendo un 13% de sobrecoste, lo que hace que reciba hasta 5.300 euros. El juzgado destaca que «es probable que, por regla general, los cárteles den lugar a costes excesivos y que cuanto más duradero y sostenible ha sido el cártel, más difícil le resultaría a un demandado alegar que no había habido un impacto negativo sobre los precios en un caso concreto». En este caso, se suma a la prolongada duración del cártel su amplia extensión geográfica y la elevada cuota de mercado afectada, lo que «incrementa todavía más la dificultad de negar la existencia de un impacto negativo sobre los precios del caso concreto y correlativamente, hace más plausible y fundada la afirmación de su existencia».

El fallo judicial se fundamenta en la participación de Ford y Chevrolet (Stellantis España S.L.) en este cártel.. Según la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, diversas empresas fabricantes y distribuidores de automóviles incurrieron en «intercambios de información comercialmente sensibles sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus Redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planos comerciales futuros de venta y posventa». La CNMC ya había señalado que «la disminución de la competencia generada por tales intercambios de información durante los períodos en los que se produce se han trasladado al consumidor final en forma de menores descuentos». La sentencia del Juzgado de lo Mercantil recoge todos estos hechos, que afectaron a una amplia cuota del mercado nacional.

El despacho HispaColex representa a propietarios de 36.728 vehículos afectados en toda España y cuentan con un informe pericial robusto elaborado por el gabinete pericial Addvalora, que ha convencido a distintos juzgados también en La Rioja, Toledo, Oviedo y Pamplona».

El bufete trabaja directamente con la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC), lo que le ha permitido tener información completa de miles de afectados. Esta sentencia no solo supone una reparación económica, sino que también refuerza la posición de miles de consumidores que pudieron haber pagado un sobreprecio por sus vehículos debido a estas «prácticas anticompetitivas». Además, consolida la vía para que los afectados reclamen individualmente los perjuicios sufridos.