Piden a Justicia que destine funcionarios a los juzgados de Paz

Se trata, según el sindicato SPJ-USO –mayoritario en Justicia– de los juzgados de Paz de Cenes de la Vega, Cúllar Vega y Alhendín, de una carencia de personal que hay que solucionar, pues hacen falta en esas sedes funcionarios para la gestión y tramitación de los asuntos.

Fuentes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía explicaron que para 2019 lo que estaba previsto era la dotación para un juzgado de Paz, en concreto para el de Gerena, en Sevilla. En ese caso, fue una sentencia la que obligó a la Consejería a nombrar a un gestor y a un auxilio judicial.

La previsión, no obstante, es que este 2020 se vaya dotando de funcionarios a aquellos municipios en los que la población supere la cifra antes indicada: 7.000 personas. Es más, la Junta ha anunciado en estos días a IDEAL que para el año que viene prevé dotar de 16 funcionarios –ocho gestores y ocho auxilios– a ocho juzgados de Paz andaluces. Existe presupuesto y se remitió hace unas semanas un informe al Ministerio de Justicia, que es el que debe dar el visto bueno.

Según el SPJ–USO, en general, la mayoría de las quejas de estos órganos gira en torno a sus instalaciones, al material informático, a las condiciones de climatización de los locales... Son los ayuntamientos, como recuerda García, los encargados de facilitar los espacios y medios materiales a estas sedes, en las que los funcionarios están prestando servicio desde hace tiempo «bajo mínimos».

En algunos municipios, la insistencia de este sindicato ha propiciado un mejor emplazamiento del juzgado, como por ejemplo en Íllora. «Después de pelear mucho con la alcaldía, hemos tardado casi dos o tres años en que lo cambien y ahora sus locales sí están bien acondicionados», comenta el delegado, a la vez que añade que hay otros lugares en los que habría que mejorar en especial la accesibilidad, porque por ejemplo carezcan de rampa o ascensor para personas en silla de ruedas.

En Granada, la lucha de este sindicato en el ámbito de la Justicia de Paz está centrada en la consecución del personal que deben tener los tres juzgados antes indicados, pero también en lograr reforzar el servicio en Dúrcal, donde sólo hay una gestora. «No puede atender al público y estar en la calle notificando a la vez. Es imposible», advierte García, que cree necesario un auxilio judicial en esa sede.

También sería importante digitalizar los libros de los registros civiles, pues en juzgados como los de Dúrcal o Montefrío, según el delegado, aún se realizan las consultas en libros físicos «muy antiguos», lo que resulta, aparte de incómodo, poco ágil. «Al final lo sufren los ciudadanos», concluye.

El sindicato CSIF también lamenta que estos juzgados tengan tan «escasos recursos», antes de explicar que son los ayuntamientos los que por la ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, se encargan de su mantenimiento, para el que perciben dinero del Gobierno central.

Las subvenciones a los consistorios para los gastos de funcionamiento de los juzgados de Paz se modulan en función de sus habitantes. En el BOE de 16 de noviembre de 2018, se pueden encontrar las reducidas sumas previstas en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado. Por ejemplo, para un municipio de hasta 499 vecinos sólo se contemplaban 310 euros, mientras que para uno de 7.000 o más la cantidad no supera los 2.300 euros.

La responsable del sector de Justicia de CSIF Granada es Silvia Martín, que reivindica también que se dote de personal de Justicia a los juzgados de Paz que por volumen poblacional lo necesiten. Asimismo, plantea un incremento de plantilla en aquellos órganos donde sea preciso. A juicio de este sindicato, dos de las sedes más necesitadas de la provincia en lo que a refuerzo de personal se refiere, serían Dúrcal y Las Gabias. Para este último municipio, con más de 20.000 habitantes, solicita «un tercer funcionario», mientras que en Dúrcal también aboga por el nombramiento de un funcionario de auxilio.

Otra de sus reivindicaciones es «el establecimiento de un complemento de penosidad» por salir a notificar a la calle, al igual que lo tiene el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Granada (SCACE).

CSIF coincide con SPJ-USO en que es acuciante la necesidad de destinar funcionarios a los juzgados de Alhendín, Cenes de la Vega y Cúllar Vega, dada su población, que supera los 9.000 habitantes en el caso de Alhendín, roza los 8.000 en el caso de Cenes y sobrepasa los 7.000 en el de Cúllar Vega.

No obstante, Martín eleva a once los órganos de Paz que necesitarían estar servidos por funcionarios de Justicia por las cifras de habitantes que tenían en 2018. Así, suma a los tres antes mencionados: Alfacar (5.378), Cájar (5.070), Chauchina (5.546), Gójar (5.700), Gualchos (5.210), Monachil (7.826), Pulianas (5.348) y Otura (6.917).

En este punto, la delegada comenta que la gran mayoría de juzgados de Paz cuentan «con personal idóneo», que es personal del ayuntamiento, que hace un gran trabajo por el que cobra muy poco. Además, en algunos casos sólo se abre un día a la semana por la falta de personal.

STAJ, otro de los sindicatos de justicia, alerta de que hay varios juzgados que aún no cumplen las condiciones óptimas de seguridad y salud tanto para los trabajadores de la Administración de Justicia que allí operan como los para los ciudadanos que habitualmente acuden a sus instalaciones. Entre los más «problemáticos» estarían los de Maracena, Atarfe, Padul y Las Gabias.

Sobre el juzgado de Paz de Maracena, este sindicato especifica que se encuentra ubicado en la planta primera de un bloque de pisos del municipio y no cuenta con ascensor. Para acceder hay que subir una escalera estrecha «por la que apenas cabe un carrito de bebé». Ese mismo problema –la ausencia de ascensor– es el que tiene el de Atarfe, mientras que en el de Padul hay quejas por «la humedad». También por «la seguridad», ya que existen dos ventanas con rejas por las que sería imposible salir en caso de emergencia.

Blanca García Gómez y María Noemí Gómez Rivas, que son delegadas y representantes sindicales de STAJ Granada, subrayan que su sindicato también lleva años reivindicando a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía la «urgente» dotación de Personal de la Administración de Justicia para los Juzgados de Paz de Cenes de la Vega, Alhendín y Cúllar Vega.

La dotación de personal de Justicia para estos juzgados, según recuerdan en una nota remitida a este diario, lleva acordada «desde hace casi diez años». La «excusa» para no ser dotados fue, en su momento, la falta de presupuesto por la repercusión de la crisis económica que dio lugar a los famosos recortes, «que para toda la administración supuso la congelación de toda oferta de empleo publico». La actual situación legal, a juicio de este sindicato, ya sí permite la oferta de empleo publico. Además, «el futuro plan de consolidación de empleo supondrá disponer de más de un centenar de plazas más en Andalucía», señala el STAJ, que ha pedido que parte de las mismas se empleen en la dotación de estas plazas: en total 6 (1 funcionario de gestión y otro de auxilio judicial para cada uno de estos juzgados).

Los juzgados de Paz se hallan en municipios donde no hay un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Están considerados como «el primer escalón dentro de la Administración de Justicia» y en Andalucía hay actualmente 686 juzgados de este tipo. Lo normal es que los dirija un juez –o jueza– y tengan un secretario –o secretaria–, si bien algunos cuentan con personal de apoyo.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Ceuta y Melilla (TSJA) han precisado a IDEALque los jueces de Paz son nombrados por la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz , a propuesta de los ayuntamientos, y por un período de cuatro años. Su nombramiento debe tener el beneplácito del pleno municipal (mayoría absoluta).

Las condiciones legales que se exigen para ser juez de Paz –no se pide titulación en Derecho– son, según especifica la Junta de Andalucía en su oficina virtual, «ser español, mayor de edad y no tener ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad». Les paga el Ministerio de Justicia y pueden renunciar en un momento dado.