Piden cuatro años y medio de cárcel para Torres Hurtado por supuesta prevaricación en su bloque

Arenas, que está representado por el letrado Jorge Fernández, observa en las supuestas irregularidades cometidas dos posibles delitos: uno de prevaricación urbanística (plantea alternativamente prevaricación común) y otro de tráfico de influencias de autoridad o funcionario público.

Por el primero solicita 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres años de prisión, además de una multa de 20 meses. Por el segundo, reclama un año y medio de prisión y ocho de inhabilitación, así como otra multa «del tanto del beneficio obtenido por ambos».

El empresario formula cargos también contra el funcionario E. M. H., que era entonces director general de Licencias. A este le acusa de la prevaricación urbanística como «autor material» por informar favorablemente «tanto el otorgamiento de licencias como la ulterior legalización».

Para esta parte, los tres acusados habrían prevaricado –siempre supuestamente– en «el otorgamiento de licencia de primera ocupación y legalización de lo construido ilegalmente». Así, atribuye este ilícito a Nieto por la propuesta aprobada bajo su presidencia por la comisión técnica municipal de seguimiento del Plan Centro y cree que «actuó con el conocimiento y aquiescencia del otro acusado, José Torres Hurtado».

En cuanto al tráfico de influencias sostiene que ambos, exalcalde y exconcejala, actuaron «prevaliéndose de sus cargos», y ocultando «su interés personal y directo» en el edificio. Recuerda que eran partícipes de los promotores en la comunidad del bloque y cree que se han beneficiado ellos y el resto de propietarios, casi todos familiares directos, de determinadas decisiones en torno a esta obra. Una de ellas: la no demolición de los balcones acristalados y volados «más de lo legalmente permitido». Otra: la no restauración de la altura mínima de los pisos «ni la indemnización sustitutoria establecida en los correspondientes acuerdos municipales para tales supuestos».

Esta acusación entiende que los procesados han tenido «plena y decisiva intervención» en los hechos que considera delictivos, «cada uno en sus respectivas competencias y/o funciones o cargos públicos ejercidos». Y aparte de las penas indicadas reclama la nulidad de la licencia que permitió ocupar el bloque y de la legalización que se hizo.

El escrito, al que ha tenido acceso IDEAL, explica que hubo una modificación inicial de la licencia de obras para la construcción de 22 viviendas, garajes y trasteros, así como que cuando la comunidad de propietarios solicitó en marzo de 2015 la licencia de primera ocupación del edificio, se advirtió por parte del arquitecto técnico del servicio de licencias «la necesidad de subsanar una serie de defectos para poder informar favorablemente». El dictamen de la comisión técnica municipal de seguimiento del Plan Centro «contó con el visto bueno» de su presidenta, que era Nieto.

En esta pieza la fiscalía ha pedido el archivo, mientras que el PSOE pide 12 años de inhabilitación por supuesta prevaricación común. La defensa de la exedil, que está representada por el letrado Ernesto Osuna, siempre ha negado alcance penal en los hechos y se opuso en su día a la personación de este empresario en esta pieza separada, en la que no es parte perjudicada (sí en el del pabellón Mulhacén, que es otra de las operaciones bajo sospecha).