Piden cárcel para un trabajador del SAS y un enfermo de Granada por saltarse la lista de espera

Cuando amaine la pandemia, la situación, presumiblemente, será todavía peor y la relación de pacientes –en el amplio sentido de la expresión– que aguardan un tratamiento habrá crecido casi exponencialmente. Es uno de los daños colaterales, y no precisamente el menor, derivados de la Covid-19.

Pero ya antes de la invasión del virus, la población estaba muy sensibilizada con el eterno problemas de las listas de espera. Y es normal. Un retraso excesivo en una prueba diagnóstica o en una intervención quirúrgica pueden tener consecuencias indeseadas.

Para acabar de arreglarlo, siempre ha habido sospechas de fraude y manipulaciones que se han convertido en munición para las disputas políticas. Esos supuestos engaños masivos no han tenido recorrido en los tribunales y se han quedado en pirotecnia parlamentaria, lo cual no quiere decir que no existan 'trapicheos' para saltarse las listas de espera. Al menos, presuntamente.

La justicia de Granada, sin ir más lejos, ha procesado y va a sentar en el banquillo de los acusados a un trabajador del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a un paciente por, supuestamente, confabularse para que el enfermo 'se colase' y pudiera hacerse una resonancia magnética antes de lo que le correspondía.

La fiscalía provincial, que ya ha formulado su escrito de acusación, pide cuatro años y nueve de meses cárcel para el presunto inductor y dos para el «cooperador necesario», según la información recabada por IDEAL.

A ambos se les imputa la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial, según las fuentes judiciales consultadas por este periódico.

Los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en 2017 y el juzgado que investigó el caso decretó ya en 2020 que había indicios suficientes de criminalidad como para llevar el asunto a juicio. En este sentido, dictó un auto -una resolución motivada– en el que acordaba la continuación de la causa por el procedimiento abreviado, una fórmula que, de facto, colocaba a los sospechosos en el banquillo.

No obstante, presentaron un recurso ante la Audiencia de Granada para intentar que se archivase el caso, pero no han tenido éxito.

«Se afirma por ambos recurrentes –argumenta el tribunal provincial– que» no participaron «en la confección de los documentos sanitarios que determinaron que (uno de ellos) se sometiera a determinadas pruebas diagnósticas sin respetar la lista de espera, siendo alteradas las mismas y dando preferencia al citado paciente». Ello fue posible, siempre presuntamente, gracias a la intervención del procesado que trabajaba como administrativo del SAS.

Para la Audiencia, sin embargo, existen evidencias que aconsejan que el pleito se dirima en una vista oral. «En el presente caso, y tal y como se evidencia con los escritos de acusación del ministerio fiscal y de la acusación particular –que ejerce el SAS–», habría «apariencia delictiva de la conducta de uno y otro, con sus diferencias en la participación de los hechos. La valoración final corresponderá realizarla en fase de juicio oral», concluyen los magistrados.

Tanto la fiscalía como la administración sanitaria se opusieron a las alegaciones de los presuntos implicados y mantuvieron los cargos.