El presidente del TSJA expresa su «respeto absoluto» a la decisión del TS en el caso Juana Rivas

Preguntado por esta decisión del alto tribunal, que redujo el castigo al apreciar en el secuestro parental que protagonizó la madre de Maracena un solo delito de sustracción de menores y no dos, el presidente ha recalcado que la rebaja en la pena responde a una interpretación «mayoritaria» a la hora de aplicar ese precepto penal, aunque hubo un voto particular contrario de dos magistrados que contó con la adhesión de un tercero. «Es una opinión que la suscribo si se me permite», ha añadido, tras indicar que le parece «correcta».

Del Río se ha pronucniado sobre este mediático asunto durante la presentación de la Memoria del alto tribunal correspondiente a 2020 en el Palacio de la Real Chancillería de Granada y ha recordado que el indulto (que la defensa de la granadina, ejercida por el letrado Carlos Aránguez, ha anunciado va a solicitar) es una «medida con carácter excepcional» que se toma fuera del ámbito judicial, pues el es Ejecutivo Central quien lo puede conceder o no, y de forma total o parcial.

En su sentencia, el TS confirmó la condena por sustracción de menores a la granadina por haberse traído en el verano de 2016 a sus dos hijos menores de Carloforte (al sur de Credeña), donde residían junto a su progenitor, Francesco Arcuri, sin el consentimiento de este y privándolos de su relación con él.

Al margen de la pena nueva impuesta (los dos años y seis meses de cárcel), el TS confirmó los seis años de privación de la patria potestad con los que también fue castigada la madre de Maracena por el juez de Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, en una sentencia luego ratificada por la Audiencia Provincial de Granada. Además habrá de pagar a Arcuri 12.000 euros de indemnización.

La rebaja en la pena de prisión no libra a la granadina, en cualquier caso, de entrar en un centro penitenciario, pues para poder optar a la suspensión de la ejecución de la pena son necesarios tres requisitos: carecer de antecedentes penales, que la pena sea igual o menor a dos años y haber abonado la responsabilidad civil.