Un paseo por la historia de Casa Agreda

Según la información de la Agencia Albaicín, a finales del siglo XIX, Maximiliano Fernández del Rincón, canónigo lectoral de la Catedral de Granada y luego Obispo de Teruel, fundó en Casa Ágreda el convento-colegio de la Presentación de Nuestra Señora para la enseñanza de niñas.

El Ayuntamiento adquirió la casa y la restauró en el año 1940. Se instaló allí el orfanato, escuela hogar, de Divina Infantita. En el año 2005 se presentó un proyecto de traslado de la actividad de Divina Infantita a una nueva sede –junto a la comisaría de Policía Nacional– en el Cerrillo de Maracena. En los presupuestos municipales de ese año se contempló la enajenación de Casa Ágreda, poniéndola a la venta para construir, entre otras edificaciones, el nuevo hogar de Divina Infantita. La actividad de las religiosas se mantuvo hasta el año 2007 y sus huellas –en almanaques, estampas o llaveros– siguen presentes en el inmueble de la cuesta de Santa Inés.

En 2006, el candidato del Partido Andalucista Fernando Egea –luego concejal del PP– propuso que Ágreda fuese un museo dedicado a los aromas de Al-Ándalus. En el año 2008, el equipo de gobierno (PP) propuso venderlo para albergar un hotel, pero la oposición se mostró en contra y dijo que el patrimonio de los granadinos era para ellos. Sugirieron hacer un museo. Meses después, el Ayuntamiento propuso a la Junta cambiar Casa Ágreda por el Banco de España, pero la administración autonómica, cuatro días más tarde, contestó en contra de la idea. La Universidad también estudió, y luego descartó, hacerse con la casa palaciega. Ágreda estaba en venta, pero ningún comprador se interesaba, mientras la ciudad recogía firmas en contra de su enajenación. En el año 2014, el Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno Local el pliego para la constitución de un derecho de superficie con opción a compra sobre Casa Ágreda. En mayo de 2015 se formalizó la adjudicación del edificio a favor de AIDE, una organización no gubernamental de acción humanitaria.

El acuerdo otorgaba a la entidad derechos de superficie por 40 años con opción de compra a cambio de iniciar obras de rehabilitación en el edificio por valor de 4,9 millones de euros en el plazo de dos años. Esas obras no se hicieron y la casa no llegó a tener uso. En febrero de 2017, el Ayuntamiento, dirigido por Cuenca, aprobó en Junta de Gobierno Local iniciar el procedimiento para la resolución del contrato. Hubo sentencia, favorable a la ciudad, en marzo de 2019. En agosto, el Ayuntamiento recuperó las llaves.