Agencia de Salud Púbica

Oviedo y Zaragoza serán las principales rivales de Granada por la Agencia de Salud Pública

Como aquellos guerreros, España quiere dotarse de un cuerpo de élite capaz de hacer frente a grandes amenazas, especialistas sanitarios curtidos en la vigilancia y la evaluación del estado de salud de la población. Sus conocimientos deben ser amplios en el campo de la salud pública, pero también abarcar departamentos como la seguridad alimentaria, la protección ambiental o la salud animal y vegetal. Todo en pos del bien común, sea cual sea el desafío, dispuesto a ser la primera línea en la batalla contra la futura pandemia que está por venir.

La nueva Agencia Estatal de Salud Pública es el organismo llamado a reunir a estos espartanos sanitarios. Como recoge el proyecto de ley que determina su creación, que se encuentra ya en el Congreso de los Diputados para su tramitación, se trata de una entidad adscrita al Ministerio de Sanidad cuyo objetivo es «reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias».

Para ello, en coordinación con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas, además de otros actores y disciplinas relacionadas con el ámbito de la salud, abordará los problemas de salud de manera «transdisciplinar» actuando bajo el principio de «una sola salud». La idea es que, como una única fuerza, los profesionales adscritos a la entidad se encarguen de la vigilancia de las amenazas sanitarias sin perder de vista las desigualdades sociales y las implicaciones que estas tienen en el bienestar.

Se trata de un aspecto esencial, como reconocía esta misma semana el Gobierno a este periódico. En su respuesta a la solicitud de información sobre la agencia, recalcaba que la entidad «va a servir para vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, así como reconocer los problemas, amenazas o riesgos que pueden surgir en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades en salud».

Los especialistas, no obstante, tendrán que atender también otros frentes, como la comunicación pública sobre la salud de la población y los riesgos que puedan afectarla, un aspecto que se reconoció crucial durante los peores meses de la covid. La idea de fondo del Ejecutivo es que el personal de la agencia lleve el peso de la información y trabaje específicamente para mejorar la coordinación con otras administraciones y entre sí, tanto en la preparación antes de una crisis como a la hora de dar respuesta a cualquier pandemia que pueda sobrevenir.

La herramienta de estos trabajadores especializados será el asesoramiento, tal y como reconoce el proyecto de ley. Su labor se centrará en la formulación de propuestas técnicas y científicas «en materia de promoción y protección de la salud» y la participación activa en la elaboración de las estrategias a seguir.

La tramitación del proyecto de ley, que actualmente se encuentra siendo abordado en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, hace que muchos de los detalles sobre el funcionamiento de la agencia estén por determinar. La idea, como recoge el propio texto del Ejecutivo, es que se en los seis meses posteriores a su entrada en vigor se apruebe un estatuto especial. Los encargados de su redacción serán los titulares de los ministerios de Hacienda y Función Pública y de Sanidad. Serán ellos los que deberán decidir «órganos, centros y servicios de la Administración General del Estado que quedarán integrados en ella, con las modificaciones que sean precisas».

Sea como sea, el trabajo no parte de cero, sino que avanza en paralelo a la administración. Como confirman varias de las fuentes consultadas, ya se están produciendo reuniones internas en las que se están abordando las características esenciales de la organización. Se trata, como recalcan los testimonios recogidos por este periódico, de encuentros de carácter «técnico» centrados en definir aspectos como el número de trabajadores necesarios o las dimensiones que la sede debe tener para su correcto funcionamiento.

Así, de acuerdo a estas mismas fuentes, una de las ideas que se barajan es un cuerpo de especialistas en salud pública de «alrededor de 300 personas». La naturaleza de estos trabajadores sí viene especificada en el proyecto de ley. Además de sus campos de actuación, su procedencia puede provenir del personal que esté en los servicios actualmente en funcionamiento que se integrarán en la Agencia de Salud Pública.

Sin embargo, también podrán proceder de otras administraciones públicas, de acuerdo a los procedimientos de provisión de puestos que determine el estatuto que está por aprobar. Otros podrán acceder a través de futuros procesos de selección convocados al efecto.

Para acoger a esta plantilla, se requiere una sede de grandes dimensiones. La idea con la que se trabaja, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas por IDEAL, es un edificio que cuente con alrededor de 3.500 metros cuadrados. Se trata de unas proporciones más que notables y notoriamente mayores que las previstas en otras organizaciones similares.

Con estas claves trabajan ya las regiones aspirantes a acoger la sede. Tanto el periódico Nortes como la agencia Europa Press apuntaron hace unos días que Asturias baraja la posibilidad de ofrecer la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, como espacio para albergar la organización. En el caso de Aragón, otra de las regiones candidatas, el Gobierno autonómico valora la opción del antiguo pabellón Aragón de la Expo, en Zaragoza.

En el caso de Andalucía, que lleva casi un año trabajando la candidatura de Granada, aún no se ha definido la ubicación en caso de que la nueva agencia se instale en la ciudad. Sin embargo, como reconocía hace una semana la consejera de Salud, Catalina García, en el Parlamento, ya se están valorando diferentes opciones que se adecuen a las necesidades de la entidad. «Tenemos los metros cuadrados preparados para que la sede pueda estar», afirmó la responsable, que recalcó la «fortaleza» de la candidatura nazarí y el apoyo que está concitando, con medio centenar de organizaciones de todo tipo, entre las que destacan el Ayuntamiento, la Diputación, la propia Junta o la UGR, que han respaldado el intento por atraer a estos 'espartanos' de la salud pública.

La capital nazarí se postuló hace prácticamente un año como posible sede de la nueva Agencia de Salud Pública. En un acto celebrado en la Escuela de Salud Pública, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad de Granada y representantes tanto de colegios y academias como de empresas del sector sanitario aunaron fuerzas para conseguir que el cuerpo de especialistas se asiente en la ciudad.

Granada arrancó la carrera sin saber siquiera si exístía. Al menos, es lo que se desprende de lo expuesto por el Gobierno, que aún no ha definido exactamente si la nueva institución seguirá el ejemplo de otras organizaciones y se sumará al proceso de desconcentración administrativa o si se fijará una ubicación sin concurso alguno. Sea como sea, en esa competición existen ya rivales que, como en el caso de la capital nazarí, llevan meses trabajando también con el mismo objetivo.

Las dos principales son Asturias y Aragón. La primera, que cuenta con el respaldo del Gobierno autonómico, aboga por llevar la sede de la agencia a Oviedo y baraja ya un edificio concreto, la antigua fábrica de armas de La Vega. Según han trasladado sus impulsores en los últimos meses, se considera que las características de la región, que aúna lo rural con lo urbano, pueden ofrecer un buen banco de prueba que permita a los profesionales perfilar la respuesta óptima frente a nuevos retos sanitarios. La candidatura aragonesa, que aspira a atraer la agencia a Zaragoza, cuenta a su favor con su posición entre Cataluña y Madrid y un fuerte sector privado ligado a la salud. Como en el caso de Asturias, también tiene ya cerrada una posible ubicación, en la antigua Expo. Talavera de la Reina (Toledo) también valoró en 2022 la opción de ser candidata.

Sin embargo, hay una tercera opción, que es Madrid. La comunidad se ha opuesto al proceso de desconcentración y, en este caso, el Ministerio no ha querido descartar la posibilidad de que la nueva agencia permanezca en la capital, que ya cuenta con instituciones de primer nivel como el Instituto Carlos III.