La ordenanza de Movilidad recibe más de 250 alegaciones en relación con la zona de bajas emisiones

La concejala ha explicado que la ciudad va a entrar ahora en el proceso de revisión de todas las sugerencias con la intención de «seguir mejorando la ordenanza, que incluye todo lo relacionado con la zona de bajas emisiones». Se trata de aportaciones de distinta naturaleza presentadas por particulares y colectivos, entre los que se encuentran los grupos municipales del PSOE y Vox, ayuntamientos del Área Metropolitano o asociaciones y entidades, entre otras.

Agudo ha detallado que los técnicos no solo van a repasar estas alegaciones, sino que también van a tener en cuenta otros tipos de consultas que, en las últimas semanas, han ido llegando al Consistorio tanto por vía telefónica como a través del correo electrónico. Son hasta 1.200, según ha revelado la concejala.

La responsable ha prometido «sensibilidad» a la hora de analizar las propuestas para «tener en cuenta todas las casuísticas que se puedan presentar» en una cuestión que, como ha recordado, es obligatoria «por ley». Agudo ha aclarado que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones responde a la Ley de Cambio Climático, que exigía que estuviera en marcha ya desde el 1 de enero de 2023, y ha reprochado a los socialistas que no dejaran «ni un solo papel» a su marcha de la plaza del Carmen.

La edil ha defendido también que la iniciativa «no solo es una cuestión legal», sino que responde a una problemática que padecen «todos los vecinos». Se ha referido a la calidad del aire, un tema en el que Granada «es una de las peores a nivel nacional». Según ha insistido, esta cuestión requiere «atención» y ha abogado por aplicar medidas «que vayan a ser efectivas».

Agudo ha llamado a la calma respecto a la implantación y ha aclarado que el equipo de gobierno va a «cooperar y ser lo más sensible posible con todos aquellos colectivos que se puedan ver afectados».