OPR, la empresa en la que operaron los cuñados granadinos de la trama Koldo

La Guardia Civil investiga si utilizaron la mercantil Obras Públicas y Regadíos SA como vehículo para sus propios fines después de detectar conversaciones donde se habrían propiciado modificaciones del presupuesto en adjudicaciones a petición de los empresarios, que, supuestamente, querían dirigir los concursos públicos. Esta mediana empresa, que ha desarrollado su labor mayormente en la iniciativa privada, tiene su sede social en la calle Boix y Morer 5 de Madrid. Se fundó en Castilla la Mancha para posteriormente ampliar su ámbito de actuación al resto del Estado. Cuenta con cerca de 46 trabajadores, según Empresite, un directorio de empresas españolas.

Pese a que inició su andadura mercantil en julio de 2004, no se sumergió en la contratación pública hasta el año 2015. OPR está especializada en proyectos de obra civil, añadiendo en los últimos años, la edificación residencial. De hecho, una de las últimas construcciones que se le conocen en la ciudad es una residencia de estudiantes en el Zaidín con pistas de pádel en una azotea. Obras Públicas y Regadíos tiene además oficinas en León, Toledo y Granada. La 'explosión' de la actividad pública de la empresa llega sobre todo a partir de la pandemia. De acuerdo con los investigadores, fue en diciembre de 2018 cuando el cuñado de los hermanos de Baza, introduce a su familia política a Koldo y establecen contactos con el ministerio. De las 66 obras públicas que le han sido adjudicadas a la empresa desde 2015 hasta nuestros días, una veintena de ellas dependen directamente del Gobierno. El resto de los contratos públicos proceden de administraciones autonómicas y locales.

Además, prácticamente el 40% de las obras se desarrollan en Granada. En concreto, 26 de las actuaciones que figuran en la Plataforma de Contratación del Estado. El estreno de OPR en el terreno de las contrataciones públicas se produjo a través de tres contratos. En 2019 creció el número de proyectos adjudicados a siete. Aún así, su récord en contrataciones públicas tuvo lugar en 2023, con 15 adjudicaciones, y en 2024 lograron otra decena. De vuelta a la provincia granadina, las adjudicaciones se han valorado en más de 19 millones de euros. 10 millones de ellos corresponden a un contrato de conservación de carreteras licitado en el año 2020. El segundo contrato de mayor envergadura es relativo a las obras de la segunda circunvalación de Motril, que se valoraron en 2,6 millones. En Granada, los ayuntamientos de Atarfe, Baza, Cenes de la Vega, Montefrío, Alfacar, Íllora, Las Gabias, bajo mandatos del PSOE, han contratado obras con la empresa. También lo han hecho los ayuntamientos populares de Ogíjares, Motril y Las Gabias, que contrataron también proyectos con ellos entre 2021 y 2023. En Diputación, los contratos ascienden a diez, ocho de ellos en la etapa socialista. Por último, en el seno de la Junta de Andalucía solo se ha producido una contratación durante la época del PP.

De momento, para la UCO solo han resultado sospechosas las adjudicaciones de la autovía A-63 de Asturias, el tramo de la carretera entre Úbeda-Torreperogil y la ejecución ferroviaria entre Monforte-Lugo, proyectos se desarrollaron entre 2018 y 2024. Uno de los cuñados, Antonio F. M., bastetano que ostentó cargo público, tuvo que comparecer en el Senado. Antonio, más conocido como Toño, se integró como asesor para la Delegación del Gobierno en Andalucía, con Pedro Fernández, entre abril de 2021 y octubre de 2022, cuando decidió irse él voluntariamente de la gestión pública. Es apoderado de OPR desde el 24 de agosto de 2023. IDEAL se ha puesto en contacto con la empresa para conocer la situación actual de los hermanos dentro de la organización y espera respuesta. En relación a D. F. M., hermano de Toño, de acuerdo con el Boletín Oficial del Registro Mercantil, fue cesado como consejero en febrero de este 2025.