Usuarios y trabajadores de Aspace, en la sede de la organización para reclamar una financiación justa. Pepe Marín

Las ONG de la discapacidad no pueden más

Reclaman a la Junta de Andalucía que actualice las subvenciones con las que prestan servicios públicos de acuerdo a la subida de costes y al nuevo salario mínimo interprofesional

Inés Gallastegui

Granada

Miércoles, 5 de marzo 2025

Las organizaciones que atienden a personas con discapacidad en la provincia de Granada han lanzado esta mañana un grito de socorro: el aumento del coste ... de los servicios que prestan no se ve reflejado en las subvenciones que reciben de la Junta de Andalucía y sus cuentas se encuentran «al límite». Si no hay una actualización del coste/plaza que estas ONG reciben del Gobierno autonómico acorde al aumento de los precios de la luz, el combustible y los alimentos y, sobre todo, al incremento del 60% del salario mínimo interprofesional (SMI), estas entidades se verán abocadas a despedir trabajadores o dejar de prestar servicios, lo que empeorará la calidad de vida de las personas a las que atienden.

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Dentro del calendario de movilizaciones iniciado el año pasado por estas entidades en toda Andalucía, usuarios, familiares y trabajadores se han concentrado esta mañana en la sede de Aspace en Granada para reclamar una financiación justa y recordar que esta comunidad es, junto a Extremadura, la que menos dinero dedica a atender a las personas con discapacidad de todo el país.

Tres momentos de la protesta. Pepe Marín

Vestidos de negro y con grandes llaves para simbolizar su resistencia al cierre de sus instalaciones, han recordado a la administración que «sin financiación no hay futuro» y han leído el manifiesto elaborado por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía.

«Hacemos encaje de bolillos pero ya se nos ha acabado el hilo –ha asegurado Encarnación Navas, presidenta de Aspace Granada–. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y merecen ser atendidas en todas sus necesidades».

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Costes laborales inasumibles

La última subida del SMI y la aprobación del convenio colectivo del tercer sector, de ámbito nacional, con una subida salarial del 10%, amenazan con ahogar las finanzas de estas entidades.

«Es cierto que en los últimos años todos los años ha habido un incremento en las subvenciones: un año un 6%, otro un 0,8%, pero ninguno hemos llegado a alcanzar el coste de la plaza», ha afirmado Navas, quien ha explicado que en Aspace en torno al 40% de los empleados cobra el SMI.

Como ejemplo, la presidenta de Aspace ha asegurado que, con el dinero que actualmente reciben de la administración, su organización, que atiende en su centro de día a personas con parálisis cerebral y sus familias, solo tienen para funcionar dos o tres meses. «Tendríamos un déficit de 160.000 euros anuales», ha asegurado.

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Estas entidades sin ánimo de lucro prestan un servicio público que no ofrece la administración con un coste mucho menor

Navas ha recordado que estas entidades no tienen ánimo de lucro y prestan un servicio público que no ofrece la administración con un coste mucho menor. En ese sentido, ha asegurado que la subida salarial pactada en el convenio que entra en vigor este año es justa y bienvenida, porque estos trabajadores dan «mucho cariño», son profesionales especializados y muy implicados pero «no están reconocidos laboral ni salarialmente».

Fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales, monitores, cuidadores, cocineros, limpiadores, trabajadores sociales y conductores son algunos de los profesionales que prestan servicios en estas entidades.

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«Estamos cansados de ser formadores de trabajadores que en cuanto tienen la oportunidad se van a la administración, porque nosotros ni ahora ni nunca llegaremos a poder pagar los sueldos que se pagan en la administración», ha recordado Navas, quien calcula que estos servicios costarían el doble si los prestaran empleados públicos. «Le ahorramos muchísimo dinero a la administración», ha recalcado.

Pérdida de calidad de vida

La presidenta de la Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas (Fapas) y de Asprodes Granada, Ana Durán, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se compare con otras comunidades gobernadas por el PP que sí han atendido esta demanda de las entidades que prestan servicios a los discapacitados. «No podemos asumir el incremento salarial de los trabajadores si no aumentan a la vez las subvenciones», ha asegurado Durán.

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Los representantes de las entidades no quieren plantearse otro escenario que no sea una actualización de las subvenciones de la Junta a los costes reales. Daniel Carrión, gerente de la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegradi) ha afirmado que, si no aumenta la financiación, «todos los servicios que atienden a personas con necesidades especiales, en centros de día, centros ocupacionales o residencias se verían afectados», desde la alimentación hasta las terapias, pasando por los programas de vida independiente o la logopedia.

«Lo que no queremos es cerrar nuestros centros y dejar a nuestros usuarios y sus familias sin los servicios necesarios para tener la mínima calidad de vida que se merecen como seres humanos», ha concluido Navas.

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Además de las entidades citadas, en el acto han participado representantes y trabajadores de la Asociación Parkinson Granada y la Asociación Granadina de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Agrafem).

Pancartas en la concentración. Pepe Marín

La comunidad con un precio más bajo por plaza de discapacidad

Los fondos con los que se financian los servicios de atención a la discapacidad los aportan al 50% el Estado y las comunidades autónomas, pero las competencias están transferidas a las regiones y son estas las que abonan los fondos a las entidades que gestionan estos servicios, centros de día o centros residenciales, en base a convenios en los que se establece un precio por plaza. Según las ONG, Andalucía es la que abona un precio/plaza más bajo, junto a Extremadura. Por ello, estas ONG reclaman un pacto nacional por la discapacidad que garantice la sostenibilidad de estos servicios públicos en todos los territorios por igual, teniendo en cuenta que los costes laborales –que son el grueso del gasto– se basan en un convenio colectivo de ámbito nacional. La administración se hace cargo del 75% del coste de las plazas en los centros de día, mientras las familias abonan el 25% restante. En los centros residenciales, el usuario aporta el 75% de la prestación que recibe y el resto del coste de la plaza lo soporta la Junta.

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