Del Río: «Ojalá la justicia quede de una vez ajena a la contienda política o a rentibilidades electorales»

Con su discurso y el de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso judicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que el año pasado, debido a las restricciones de la pandemia, no llegó a celebrarse.

Las todavía vigentes limitaciones no han impedido este año su desarrollo, aunque sí se ha tenido que cambiar de escenario para garantizar un aforor reducido. La cita ha sido en el Salón de Plenos, con un número determinado de asistentes, y no en el patio central del Palacio de la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal, como era tradición.

En su intervención, Lorenzo del Río, que lleva diez años de presidente del TSJA y que precisamente está en funciones desde enero de este año debido a la paralización de nombramientos que ha conllevado la «interinidad» del CGPJ, ha advertido del «nefasto efecto distorsionante» que tiene la no renovación de este órgano de gobierno de los jueces.

En este sentido, se ha referido al «inclumplimiento» por el poder legislativo del mandato constitucional de renovación para concluir que «es un claro reflejo de la fragilidad del poder judicial en España», ya que queda supeditado «a los vaivenes de la confrontación política».

Tras hacer estas consideraciones, el máximo representante de los jueces andaluces ha alertado del «colapso de los asuntos judiciales» que ha provocado la pandemia. Y es que la paralización judicial que conllevó el confinamiento se refleja en las estadísticas: la pendencia se ha incrementado en Andalucía un 8 por ciento.

No han ayudado a la sitruación, como ha subrayado, «las dificultades inherentes al nuevo entorno de trabajo» ni la sobrecarga que se ha producido por los nuevos conflictos surgidos a raíz de la crisis socio-sanitaria. Basta con pensar en los ERTE, los despidos, los concursos de acreedores, los impagos ligados a la merma de actividad que han supuesto las restricciones del coronavirus.

Para Del Río, este nuevo año judicial sigue presentando dos grandes retos: «ganar en credibilidad (externa e interna) y ganar en eficiencia». Para lograr el primero, se hace necesario, a su juicio, que el poder judicial se mantenga al margen de la lucha de partidos y se respeten los plazos legales a la hora de renovar sus órganos. «Urge revertir esta situación, asentando el poder judicial, su órgano de gobierno en un ámbito de independencia real y perceptible», ha enfatizado.

«Las leyes vigentes han de cumplirse», ha agregado el presidente, para incidir en que «ni la legitimidad de los jueces ni la calidad del ejercicio de la justicia pueda quedar cuestionada o comprometida». En este punto, ha recalcado que «tenemos una justicia independiente y competente», pero sin los medios y recursos que necesita.

En este contexto, ha recordado que los jueces y magistrados andaluces, cuyo compromiso ha resaltado, tienen que soportar, además de un elevado volumen de trabajo, un «déficit de medios (personales y materiales)». Esto, en cualquier caso, no debe ser excusa, según ha sentenciado, para minorar el esfuerzo que deben realizar para «incrementar la eficacia judicial». Así, ha animado a su colectivo a acortar tiempos de respuesta, agilizar los procesos, avanzar en formación y unificar criterios.

Y a la necesidad de unificar criterios ante un mismo asunto se ha referido expresamente Del Río al hablar de la pandemia, pues se han producido, como ha recordado, «una serie de pronunciamientos contradictorios» en torno a las medidas planteadas para luchar contra la covid-19.

Para progresar en eficiencia, el presidente ha opinado que en Andalucía «debe materializarse el Plan Estrátiégico y de calidad de la Administración de Justicia», aparte de lograr la mejora de las infraestructuras judiciales y una «eficaz» gestión de los recursos humanos. Así ha animado a la Junta a avanzar en la digitalización de la justicia (empleando los fondos del Plan de Recupetración 'New Generation EU') y llevar a cabo la materialización del nuevo sistema de gestión procesal @driano«.

En el plano estatal, ha puesto el acento en que «son imprescindibles» leyes de eficiencia porcesal, organizativa y tecnológica, la reforma d ela Ley de Enjuiciamiento Criminal y controlar la «preocupantemente excesiva» tasa de litigiosidad. En este punto, ha criticado la judicialización de los conflictos políticos y «el uso abusivo del proceso». Cabe recordar que solo el año pasado la justicia en Andalucía registró 1.078.773 asuntos.

Antes de despedirse, Lorenzo del Río, ha vuelto a hacer mención a la pandemia y sus estragos, para señalar que «ha agravado el deterioro de la justicia andaluza» y alertar de que «los efectos de la crisis de la covid-19 nos sitúan ante un horizonte incierto y complicado».

También ha intervenido en el acto la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, quien ha comenzado su diicurso con un recuerdo «a las víctimas directas de la pandemia» y en especial a nuestros mayores. Ha sido una etapa, como ha recordado, en la que la fiscalía desde el inicio emitió órdenes «para unificar el seguimiento en las residencias de mayores« y abordar la situación a través de la red de fiscales especializados en civil.

Sobre la situación de la criminalidad en Andalucía, la fiscal superior se ha referido a la «presión delictiva» que sufre nuestra comunidad por su situación geográfica fronteriza al mostrar una criminalidad asociada al crimen organizado del tráfico de drogas y a las mafias de la inmigración.

En este punto, ha puesto de relieve que el plan contra el narcotráfico articulado en 2018 «está permitiendo luchar de manera eficaz contra esta lacra, recuperar el principio de autoridad y la seguridad pública ante los actos de violencia con armas que han protagonizado». Así, ha revelado que las operaciones de desarticulación de las bandas del narcotráfico en el último año han aumentado un 53%, mientras que aquella dirigidas contra el blanqueo han crecido un 43%.

También se ha referido la máxima repreentante de los fiscales andaluces al paso dado con la presentación del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que, como ha explicado, «va a reformar el modelo del procedimiento penal para adaptarnos al modelo procesal de los países de nuestro entorno y en el que se traslada la fase investigadora al Ministerio Fiscal».

Esta reforma debe ser alcanzada, en su opinión, con «el mayor consenso y apoyo de todos los operadores jurídicos», dado que será el instrumento que permitirá luchar «con más eficacia» contra la criminalidad.

Tras detallar que la ratio en España es de 5,4 fiscales por 100.000 habitantes, Tárrago ha recordado que la carrera fiscal demanda un aumento de la plantilla y ha subrayado que el confinamiento ha evidenciado la necesidad de armonizar en las comunidades sutónomas del país «la implantación de la justicia digital en todos los operadores jurídicos».

Para terminar su intervención, la fiscal superior ha valorado la creación de la Fiscalía Europea, que tiene como misión luchar contra el fraude de las finanzas de la Unión Europea, y ha incidido en la necesidad de la justicia restaurativa «como ayuda a la solución de conflictos poniendo a la víctima en situación para conseguir una reparación material y moral» .