La nueva ordenanza turística recibe casi medio centenar de sugerencias

En la capital nazarí, como en otros lugares, las administraciones han empezado a dar pasos para tratar de ordenar la situación. Uno de ellos ha sido el anuncio de la innovación del Plan General y del Plan Especial del Centro para adaptar las normativas a la realidad de los alojamientos turísticos. El Consistorio inició la tramitación a finales de la primavera pasada y abrió a la participación vecinal la redacción del texto. La documentación estuvo abierta a sugerencias durante el mes de julio, un proceso que se ha saldado con éxito a tenor del gran número de aportaciones realizadas por los granadinos. Casi medio centenar de ideas que han hecho del trámite el más participativo a nivel municipal de los últimos años. Está previsto que en el pleno de septiembre se apruebe esta modificación del PGOU, incorporando aquellas sugerencias que consideren interesantes.

Entre las medidas solicitadas por las vecinos, la mayoría apuntan a un mayor control del fenómeno en los barrios históricos de la capital. Buena parte de los participantes insisten en la necesidad de aumentar las inspecciones y añadir limitaciones que impidan que la proliferación de viviendas turísticas sigan afectando al día a día de los ciudadanos, pero también expulsando a los vecinos de sus lugares de origen.

Una de las propuestas más repetidas es la que reclama que el número de plazas turísticas, sean viviendas, hoteles o apartamentos, no superen un porcentaje concreto del total de plazas de la calle o manzana.

Algunos de los vecinos apuntan a un 10% máximo mientras que otros plantean restricciones menores. Asimismo, reclaman el blindaje de las zonas tensionadas impidiendo que puedan concederse nuevas licencias turísticas, sea para viviendas o establecimientos, mientras se mantenga la situación.

Otra de las medidas más planteadas es que aquellas viviendas reformadas que hayan recibido algún tipo de subvención pública no puedan ser transformadas en alojamientos turísticos. También es mayoritaria la petición de limitar a un máximo de 90 días al año la posibilidad de que las viviendas turísticas acojan a visitantes. La idea es que esta restricción sea rotatoria entre los alojamientos situados en puntos muy afectados por el fenómeno mientras se mantenga el exceso de plazas en ese entorno.

Buena parte de las propuestas giran también por el refuerzo de las inspecciones y el rastreo de los titulares para sancionar los excesos. Asimismo, plantean la apertura de un portal web municipal que permita a vecinos y colectivos verificar si los pisos tienen o no licencia y exigir los estatutos de la comunidad de vecinos a la hora de dar luz verde a los alojamientos para saber si cuentan o no con la autorización del resto de residentes.

Muchas de las sugerencias han sido encauzadas por colectivos del Albaicín y del Realejo, que recuerdan que la situación de ambos barrios es límite. Ambos grupos piden, por ejemplo, que se revoquen aquellas licencias ya concedidas que no cumplan los requisitos legales de uso en zonas saturadas, que se regulen los precios del alquiler en los barrios más afectados, que se bonifique a través del IBI a los propietarios que destinen sus viviendas a alquiler habitual y que se reduzca la tasa de construcción a quienes rehabiliten sus viviendas para uso residencial. Para compensar estas ayudas, proponen cargar el IBI de las viviendas turísticas.

Otras medidas que plantean son la reducción de los grupos de turistas para garantizar la seguridad, limitar el acceso de los vehículos de huéspedes a las zonas restringidas, apoyar el comercio familiar con un IBI reducido, resideñar el circuito de minibuses urbanos para cubrir las necesidades de los residentes y no concentrarlo en el acceso a la Alhambra.

La medida estrella de los dos colectivos es la implantación de una tasa turística. Esta propuesta plantea un impuesto de 3 euros por persona y noche para los usuarios de alojamientos originalmente diseñados para el uso turístico, como hoteles, apartahoteles y pensiones. Se incrementaría a 6 euros para quienes duerman en viviendas turísticas. Con estos fondos, según defienden, se quiere «compensar los recursos públicos destinados al turismos y reinvertirlos en beneficio de los vecinos de la ciudad».

Aunque son minoritarias, la documentación ha recibido también propuestas que defienden que se proteja el uso de la vivienda enfocado al turismo. Entre otras medidas, estos propietarios plantean que se permita compatibilizar la función de alojamiento para visitantes con la de residencia habitual o que no se restrinjan los alojamientos al considerar que «no son un problema real y hacerlo afectaria a la economía de muchas familias».

Todas estas propuestas y sugerencias serán revisadas en las próximas semanas por el equipo de gobierno, que tiene 45 días para responder a los ciudadanos. Posteriormente, la normativa continuará la tramitación habitual con vistas a poner orden en la situación, tal y como anunció el equipo de gobierno antes del verano.

Dentro de las medidas que anunció el equipo de gobierno también se incluyó un estudio, encargado a una empresa externa, para conocer qué zonas de la ciudad están realmente tensionadas. A partir de la aprobación de la innovación del PGOU, la capital congelará todas las licencias durante los próximos tres años.